La acción judicial cuestiona la aplicación del inciso octavo del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, norma que establece la suspensión automática del cargo de alcalde, una vez notificada una sentencia de primera instancia que acoja un requerimiento por notable abandono de deberes o contravención grave a la probidad administrativa.
Según expone la defensa la aplicación de esta disposición constituye una sanción anticipada, aplicada sin un procedimiento previo, sin resolución fundada y sin posibilidad de interponer recursos, lo que vulneraría la garantía constitucional del debido proceso, el derecho a defensa, el derecho al recurso y la igualdad ante la ley, además de contravenir tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
El requerimiento también advierte sobre los efectos irreparables que podría generar la suspensión del cargo, considerando que esta podría aplicarse incluso si la sentencia de primera instancia es posteriormente revocada por el Tribunal Calificador de Elecciones, afectando el ejercicio del cargo y la voluntad democrática expresada por la ciudadanía.
