ante el Tribunal Constitucional para impugnar la recientemente aprobada Ley de Permisología, una iniciativa clave del propio Ejecutivo para agilizar la inversión en el país.“Cada vez que se hablaba con el Presidente, el ministro de Hacienda o de Economía, todos decían que con esta ley, Chile volvería a crecer. Pues bien, se aprobó, y ahora, antes incluso de promulgarla, parlamentarios oficialistas buscan frenarla en el TC. Esta es la mejor explicación de por qué el país no avanza: porque quienes están en el gobierno también lo sabotean”, señaló Coloma. El senador también emplazó directamente a la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, a aclarar su posición frente a este conflicto interno: “¿Está con el gobierno que quiere que esta ley funcione, o con los parlamentarios de su sector que quieren frenarla? Que se defina”. Además, Coloma recalcó que el proyecto de permisología “está perfectamente definido”, y agregó que “los gobiernos están para gobernar, no para administrar diferencias internas”. Finalmente, comparó este hecho con lo ocurrido recientemente con el veto del Ejecutivo a un proyecto de humedales: “Esto solo muestra la falta de manejo del gobierno para tomar decisiones. Primero vetan un proyecto de su autoría, ahora sus propios parlamentarios actúan contra su ley estrella. De verdad, no tiene explicación”.
la Seremi de Desarrollo Social del Maule, Sandra Lastra, presentó su renuncia al cargo.Lo que inicialmente se especulaba como un conflicto político, fue confirmado por el diputado Jaime Naranjo, quien aclaró que la solicitud de renuncia provino directamente de la senadora Paulina Vodanovic (PS). La razón de fondo sería la cercanía de Lastra con Naranjo, quien aspira a un cupo en el Senado y competiría electoralmente con Vodanovic.Sandra Lastra había asumido sus funciones en marzo de 2023. Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales del gobierno respecto a esta situación ni sobre cómo se garantizará la continuidad de las acciones sociales durante la emergencia del Código Azul. El hecho abre un nuevo flanco en el escenario político regional, donde las prioridades sociales parecen haberse visto desplazadas por intereses partidistas. Seguiremos informando.
otorgándole un plazo fatal hasta el 19 de junio para remitir un informe detallado y la documentación respectiva en relación con la denuncia presentada por la asistente social Paulina Álvarez Rodríguez. La denunciante alertó a comienzos de abril sobre la existencia de presuntas irregularidades graves en el proceso de aceptación y pago de facturas, por un monto que asciende a $1.156.145.989, las cuales estarían siendo cobradas judicialmente al municipio sin respaldo documental ni reconocimiento por parte de las unidades técnicas. Según Álvarez Rodríguez, las facturas habrían sido emitidas y cobradas por terceros sin aprobación ni conocimiento de las áreas responsables, lo que podría configurar un grave perjuicio al erario municipal. Requerimientos formales a Contraloría La denuncia fue acompañada de solicitudes concretas, entre ellas: Auditoría urgente del proceso de aceptación y pago de facturas Determinación de responsabilidades administrativas Instrucción de sumarios por eventuales faltas a la probidad Evaluación de denuncia al Ministerio Público en caso de detectarse delitos Revisión de los controles internos para prevenir hechos similares La situación adquiere mayor complejidad considerando la existencia de juicios civiles activos en los tribunales de Linares, derivados de estas facturas. Además, la denunciante sostiene que algunos sumarios administrativos internos estarían paralizados, lo que podría derivar en la impunidad de eventuales responsables. Contraloría toma medidasFrente a estos antecedentes, la Contraloría ha instruido al municipio a responder formalmente antes del 19 de junio, remitiendo todos los antecedentes pertinentes para esclarecer si efectivamente existieron prácticas irregulares. De ser así, se activarían los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos eficaces de control interno, trazabilidad documental y validación de pagos en la administración pública. La ciudadanía demanda una gestión basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas.
cargo que asumirá formalmente a partir del 1 de junio de 2025.María José Gómez es periodista y posee un diplomado en Prevención del Delito. Su trayectoria de más de nueve años en la administración pública ha estado ligada a la implementación de políticas de seguridad, habiéndose desempeñado como Seremi Suplente de Seguridad Pública y Coordinadora Regional de Seguridad Pública del Maule.Entre sus principales responsabilidades estará coordinar la ejecución de planes y programas del Ministerio en la región, promover la seguridad ciudadana, mantener el orden público y fortalecer la prevención del delito a través del trabajo interinstitucional y territorial.Con este nombramiento, el Gobierno avanza en la consolidación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y en su compromiso por garantizar mayor seguridad a la ciudadanía desde una perspectiva regional y cercana a las comunidades.
el senador por la Región del Maule, Juan Antonio Coloma, sostuvo una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Durante el encuentro, Coloma solicitó información actualizada sobre el estado del proyecto, luego de que la empresa Astaldi —encargada originalmente de las obras— anunciara su retiro definitivo del proceso durante el mes de junio. “El compromiso era que en paralelo se licitara la continuidad del proyecto para que otra empresa se hiciera cargo de lo que falta. Hoy la ministra me ha informado que ya hay dos empresas que pasaron a la etapa final y que la adjudicación debería concretarse dentro del mes de junio”, indicó el senador. Coloma recalcó que seguirán monitoreando de cerca el proceso, señalando que “el Hospital de Linares más demoras ya no tolera”. Además, enfatizó que están buscando que la nueva licitación incorpore el equipamiento médico, para ganar tiempo y lograr que el hospital esté operativo en un plazo máximo de tres años. “Este proyecto partió en 2017, y parece increíble toda la demora que ha tenido. Por lo tanto, hay que hacer el máximo esfuerzo para resolverlo en el menor tiempo posible”, concluyó el parlamentario. El Hospital de Linares es uno de los proyectos de infraestructura hospitalaria más esperados de la región, destinado a mejorar la calidad de atención de salud para miles de habitantes del Maule Sur.
ante el Tribunal Constitucional para impugnar la recientemente aprobada Ley de Permisología, una iniciativa clave del propio Ejecutivo para agilizar la inversión en el país.“Cada vez que se hablaba con el Presidente, el ministro de Hacienda o de Economía, todos decían que con esta ley, Chile volvería a crecer. Pues bien, se aprobó, y ahora, antes incluso de promulgarla, parlamentarios oficialistas buscan frenarla en el TC. Esta es la mejor explicación de por qué el país no avanza: porque quienes están en el gobierno también lo sabotean”, señaló Coloma. El senador también emplazó directamente a la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, a aclarar su posición frente a este conflicto interno: “¿Está con el gobierno que quiere que esta ley funcione, o con los parlamentarios de su sector que quieren frenarla? Que se defina”. Además, Coloma recalcó que el proyecto de permisología “está perfectamente definido”, y agregó que “los gobiernos están para gobernar, no para administrar diferencias internas”. Finalmente, comparó este hecho con lo ocurrido recientemente con el veto del Ejecutivo a un proyecto de humedales: “Esto solo muestra la falta de manejo del gobierno para tomar decisiones. Primero vetan un proyecto de su autoría, ahora sus propios parlamentarios actúan contra su ley estrella. De verdad, no tiene explicación”.
la Seremi de Desarrollo Social del Maule, Sandra Lastra, presentó su renuncia al cargo.Lo que inicialmente se especulaba como un conflicto político, fue confirmado por el diputado Jaime Naranjo, quien aclaró que la solicitud de renuncia provino directamente de la senadora Paulina Vodanovic (PS). La razón de fondo sería la cercanía de Lastra con Naranjo, quien aspira a un cupo en el Senado y competiría electoralmente con Vodanovic.Sandra Lastra había asumido sus funciones en marzo de 2023. Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales del gobierno respecto a esta situación ni sobre cómo se garantizará la continuidad de las acciones sociales durante la emergencia del Código Azul. El hecho abre un nuevo flanco en el escenario político regional, donde las prioridades sociales parecen haberse visto desplazadas por intereses partidistas. Seguiremos informando.
otorgándole un plazo fatal hasta el 19 de junio para remitir un informe detallado y la documentación respectiva en relación con la denuncia presentada por la asistente social Paulina Álvarez Rodríguez. La denunciante alertó a comienzos de abril sobre la existencia de presuntas irregularidades graves en el proceso de aceptación y pago de facturas, por un monto que asciende a $1.156.145.989, las cuales estarían siendo cobradas judicialmente al municipio sin respaldo documental ni reconocimiento por parte de las unidades técnicas. Según Álvarez Rodríguez, las facturas habrían sido emitidas y cobradas por terceros sin aprobación ni conocimiento de las áreas responsables, lo que podría configurar un grave perjuicio al erario municipal. Requerimientos formales a Contraloría La denuncia fue acompañada de solicitudes concretas, entre ellas: Auditoría urgente del proceso de aceptación y pago de facturas Determinación de responsabilidades administrativas Instrucción de sumarios por eventuales faltas a la probidad Evaluación de denuncia al Ministerio Público en caso de detectarse delitos Revisión de los controles internos para prevenir hechos similares La situación adquiere mayor complejidad considerando la existencia de juicios civiles activos en los tribunales de Linares, derivados de estas facturas. Además, la denunciante sostiene que algunos sumarios administrativos internos estarían paralizados, lo que podría derivar en la impunidad de eventuales responsables. Contraloría toma medidasFrente a estos antecedentes, la Contraloría ha instruido al municipio a responder formalmente antes del 19 de junio, remitiendo todos los antecedentes pertinentes para esclarecer si efectivamente existieron prácticas irregulares. De ser así, se activarían los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos eficaces de control interno, trazabilidad documental y validación de pagos en la administración pública. La ciudadanía demanda una gestión basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas.
cargo que asumirá formalmente a partir del 1 de junio de 2025.María José Gómez es periodista y posee un diplomado en Prevención del Delito. Su trayectoria de más de nueve años en la administración pública ha estado ligada a la implementación de políticas de seguridad, habiéndose desempeñado como Seremi Suplente de Seguridad Pública y Coordinadora Regional de Seguridad Pública del Maule.Entre sus principales responsabilidades estará coordinar la ejecución de planes y programas del Ministerio en la región, promover la seguridad ciudadana, mantener el orden público y fortalecer la prevención del delito a través del trabajo interinstitucional y territorial.Con este nombramiento, el Gobierno avanza en la consolidación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y en su compromiso por garantizar mayor seguridad a la ciudadanía desde una perspectiva regional y cercana a las comunidades.
el senador por la Región del Maule, Juan Antonio Coloma, sostuvo una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Durante el encuentro, Coloma solicitó información actualizada sobre el estado del proyecto, luego de que la empresa Astaldi —encargada originalmente de las obras— anunciara su retiro definitivo del proceso durante el mes de junio. “El compromiso era que en paralelo se licitara la continuidad del proyecto para que otra empresa se hiciera cargo de lo que falta. Hoy la ministra me ha informado que ya hay dos empresas que pasaron a la etapa final y que la adjudicación debería concretarse dentro del mes de junio”, indicó el senador. Coloma recalcó que seguirán monitoreando de cerca el proceso, señalando que “el Hospital de Linares más demoras ya no tolera”. Además, enfatizó que están buscando que la nueva licitación incorpore el equipamiento médico, para ganar tiempo y lograr que el hospital esté operativo en un plazo máximo de tres años. “Este proyecto partió en 2017, y parece increíble toda la demora que ha tenido. Por lo tanto, hay que hacer el máximo esfuerzo para resolverlo en el menor tiempo posible”, concluyó el parlamentario. El Hospital de Linares es uno de los proyectos de infraestructura hospitalaria más esperados de la región, destinado a mejorar la calidad de atención de salud para miles de habitantes del Maule Sur.
