Servicio de Salud del Maule en 10 mil casos de viajes al extranjero con licencia médica
La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que otros 10.805 funcionarios públicos, que trabajan en servicios públicos con presencia regional, salieron del país durante su licencia médica o parte de ella. Este nuevo listado se suma a los primeros 25 mil informados en mayo de este año, lo que podría implicar el uso irregular de otras 15.257 licencias emitidas entre 2023 y 2024.
En el marco del CIC N° 9, se dieron a conocer los 25.078 funcionarios públicos el pasado 20 de mayo, pero poco se sabe sobre los resultados de los sumarios correspondientes. En esta nueva lista de entidades con mayor cantidad de licencias médicas eventualmente irregulares, el Servicio de Salud del Maule ocupa el puesto número 12 con 389 casos.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría significar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, donde el 76% corresponde a FONASA y un 24% a ISAPRES.
El reporte comprometido por la Contralora General, Dorothy Pérez, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en junio de este año, señala que los titulares de esas licencias habrían realizado un total de 26.606 entradas o salidas del país. Algunos funcionarios registran entre 16 y 30 movimientos, mientras que otros tienen más de 30 entradas o salidas del país. Los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre tanto en 2023 como en 2024.
Los servicios a los que pertenecen los funcionarios involucrados pertenecen a 442 entidades públicas regionales. El ranking lo encabeza el Servicio de Salud Magallanes con 1.258 licencias irregulares, seguido por el SLEP Chinchorro (1.065 licencias), el Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), la Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias) y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
Tras la presentación del informe, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios y remitan las resoluciones correspondientes a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo de cinco días hábiles. Además, la información será enviada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que tomen las acciones necesarias.
Fuente: Diario Talca Crónica
