Investigación de Contraloría sobre Solicitudes a Autoridades por Matías Pinochet Aubele
Investigación de la Contraloría General de la República revela demoras en Direcciones de Obras Municipales
La reciente investigación de la Contraloría General de la República confirmó lo que desde hace años se ha escuchado en el mundo inmobiliario, de la construcción y también de las pymes: en muchas Direcciones de Obras Municipales (DOM) no se cumplen los plazos legales para resolver solicitudes.
No se trata simplemente de retrasos administrativos. Aun cuando los proyectos cumplen con todos los requisitos, quedan en espera indefinida o son rechazados bajo criterios que poco tienen que ver con la normativa. Así, lo que debiera ser una decisión técnica se convierte en un obstáculo para iniciativas que generan inversión, empleo y desarrollo económico y social.
La Ley de Bases de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.880), junto con otras leyes especiales, establece plazos concretos para que la administración responda. Además, contempla el silencio positivo, principio que indica que si la autoridad no resuelve dentro del plazo legal, la solicitud debe entenderse aprobada.
Este mecanismo busca equilibrar la relación entre el ciudadano y el Estado, obligando a la autoridad a actuar con celeridad. Sin embargo, en Chile, en la práctica, el silencio positivo no se aplica. Con ello, se vacía de contenido una protección pensada precisamente para evitar la inercia administrativa.
Las consecuencias son evidentes: falta de certeza jurídica, desconfianza en las instituciones y un país que se estanca porque proyectos que podrían estar ejecutándose se quedan detenidos en los escritorios municipales. Los permisos gestionados por las DOM son fundamentales para regularizar negocios, habilitar viviendas, impulsar obras de infraestructura o dar viabilidad a una pyme.
Hoy en el Parlamento se debate una ley de agilización de permisos. Es una señal positiva, pero antes de seguir legislando, es importante cuestionar por qué no se aplican las normas existentes. Hacer efectivo el silencio positivo sería un cambio radical: obligaría a las autoridades a cumplir los plazos, bajo el incentivo de que, de lo contrario, las solicitudes se aprueban automáticamente.
La experiencia comparada muestra que esta figura ofrece dos beneficios claros: asegura al ciudadano una respuesta oportuna y obliga a la administración a mejorar su gestión interna. La inacción ya no sería una opción válida.
El verdadero desafío radica en cumplir las leyes existentes en lugar de seguir creando nuevas. Solo así podremos contar con proyectos más ágiles, procesos más transparentes y un desarrollo económico al servicio de las personas.
Matías Pinochet Aubele
Abogado
Fuente: Diario Talca Crónica
