Espacios sin teléfonos: la nueva tendencia para desconectar
Según un estudio realizado por UNICEF, la edad promedio de acceso al primer dispositivo móvil con conexión a internet es de 10 años, y al menos un 30% de los encuestados pasa más de cinco horas diarias conectado a internet durante un día de semana cualquiera, cifra que aumenta los fines de semana.
El crecimiento exponencial de usuarios de redes sociales ha generado un aumento en la cobertura informativa y el debate público sobre el impacto en el desarrollo cognitivo y relacional de niños, niñas y adolescentes (NNA).
La Municipalidad de Lo Barnechea ha lanzado una iniciativa piloto llamada "Espacios libres de teléfonos", con la que busca regular el uso de celulares durante la jornada escolar en los establecimientos municipales de la comuna.
La preocupación por el uso y disponibilidad de teléfonos y otros dispositivos móviles en entornos educativos se refleja en medidas como esta, que buscan abordar las dificultades para mantener la atención de los estudiantes y mejorar la calidad de la interacción entre ellos.
La evidencia especializada destaca el impacto negativo de la desregulación absoluta del uso de dispositivos móviles en el contexto escolar, lo que ha generado tensiones entre propuestas que buscan limitar su uso y otras que promueven una prohibición total en entornos educativos.
El debate sobre el acceso a internet, dispositivos móviles y redes sociales por parte de NNA está trascendiendo el ámbito escolar debido a su impacto en el desarrollo cognitivo, exposición a riesgos, formación de patrones adictivos y aspectos de salud pública.
En Chile, a pesar de ciertos signos legislativos, aún no existe una regulación específica para abordar integralmente esta problemática. Sin embargo, se encuentra en tramitación un proyecto de ley que propone modificar la Ley General de Educación para regular el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales.
Aunque no haya una norma expresa, el marco legal vigente permite sustentar medidas restrictivas basadas en principios como la búsqueda de estándares de calidad educativa y la autonomía de los establecimientos para definir sus proyectos educativos. Cualquier medida debe estar justificada pedagógicamente o disciplinariamente, ser comunicada a la comunidad educativa y prever mecanismos de evaluación e incentivos participativos.
Fuente: Séptima Página Crónica
