La legislación establece que al menos un 1% de la dotación debe estar compuesta por trabajadores con discapacidad. No obstante, la propia norma contempla que existen casos en los que las empresas pueden enfrentar dificultades objetivas para cumplir esta exigencia de forma directa, ya sea por las características de sus funciones, la falta de vacantes disponibles o la inexistencia de postulantes que se ajusten a los perfiles requeridos.
Para estos escenarios, la ley considera mecanismos alternativos, entre ellos la realización de donaciones a organizaciones sin fines de lucro que desarrollen programas vinculados a la capacitación, rehabilitación y fomento del empleo para personas con discapacidad. El monto de estos aportes debe ser equivalente a 24 ingresos mínimos por cada cupo no cubierto, y permite además acceder a beneficios tributarios establecidos en la legislación vigente sobre donaciones sociales. En este marco, la Fundación Coanil se presenta como una opción válida para las empresas que opten por esta modalidad, destinando los recursos recibidos a iniciativas orientadas a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.
A través de programas de intermediación laboral y talleres productivos, la organización trabaja en procesos de inserción que impactan tanto a las personas participantes como a su entorno familiar. Desde la fundación destacan que cumplir con la Ley de Inclusión va más allá de una obligación legal, y responde a un compromiso social que involucra a distintos actores.
En ese sentido, subrayan la importancia de que las empresas adopten decisiones oportunas y responsables, especialmente cuando el plazo legal se encuentra próximo a vencer.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Coanil desarrolla su labor a lo largo del país mediante una amplia red de programas educacionales, sociales y ocupacionales, atendiendo a miles de personas y consolidándose como un actor relevante en materia de inclusión y desarrollo social.
