​En un intento por diversificar sus inversiones, Gustavo Dagoberto Contreras Carrasco decidió incursionar en el mercado inmobiliario ofreciendo la venta de parcelas en un sector rural de Longaví. A través de redes sociales, comenzó a promocionar la venta de terrenos de 5 mil metros cuadrados con una reserva inicial de 7 millones de pesos y un valor total cercano a los 25 millones. 

La propuesta atrajo rápidamente la atención de potenciales compradores que buscaban invertir en bienes raíces o simplemente adquirir un lugar tranquilo para descansar lejos del bullicio urbano. La ubicación estratégica y las características naturales del lugar hicieron que la oferta se convirtiera en una oportunidad tentadora para muchos. 

​A los pocos meses los compradores comenzaron a ver que todo se trata de una estafa, realizando la denuncia que fue acogida por la fiscalía de Linares y de esta forma el fiscal Alexie Crisóstomo dispuso de diversas diligencias que finalmente permitieron levantar toda la documentación pericial y administrativa que permitió formalizar cargos en contra del imputado por el delito de estafa y otras defraudaciones en contra de particulares.

​“Debido a denuncias recibidas directamente en la fiscalía de Linares como también querellas presentadas, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Delitos Económico de la PDI de Linares, la realización de diligencias para esclarecer los hechos denuncias. Estos hechos consistían que desde febrero a septiembre del año 2022 el imputado ofertó por diversos medios la venta de lotes de 5 mil o más metros cuadrados que nacen de una subdivisión predial en la comuna de Longaví. Él señala que el lote era de propiedad de una sociedad donde él era representante y único socio. Además, señalaba que existía una subdivisión en trámite en el Servicio Agrícola y Ganadero. Los interesados debían efectuar una reserva por 7 millones de pesos y firmar posteriormente un documento por el cual se hacía la reserva de los lotes. Así una vez que el Servicio de Impuestos internos asignar los roles a los lotes o en plazo de 5 meses se firmaría el contrato de compra y venta. Pero nada ocurrió en torno a aquello y por eso las víctimas presentaron las denuncias y querellas respectivas”, afirmó el fiscal Crisóstomo.

El fiscal señaló además que las diligencias permitieron establecer que ese inmueble nunca perteneció a la sociedad que representaba el imputado y que además no existía ningún ingreso o solicitud predial presentada ante el SAG.