La situación en torno al caso de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, se complica aún más tras el anuncio de la Policía de Investigaciones (PDI) de abrir un sumario a los escoltas que lo dejaron desprotegido el 22 de septiembre. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la actuación de los funcionarios policiales, especialmente en el contexto de una investigación más amplia que incluye presuntos delitos de violación y obstrucción a la justicia. Ante esto, el 22 de septiembre, Monsalve se trasladó solo a varios lugares, incluido el restaurante El Ají Seco Místico, lo que ha llevado a la Fiscalía a interrogar a detectives sobre su comportamiento y la falta de resguardo. Según fuentes, el director de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que esta omisión se produjo a solicitud del propio Monsalve, quien habría dado instrucciones específicas sobre su protección. Asimismo, en los días posteriores, la fiscalía tomó declaraciones a la jefatura de inteligencia policial para esclarecer si las órdenes recibidas por los escoltas estaban justificadas o si, por el contrario, infringieron protocolos establecidos. Especialistas legales han advertido que cualquier diligencia realizada por la PDI debe estar en conformidad con la ley y supervisada por el Ministerio Público, planteando dudas sobre la legalidad de las acciones policiales en este caso. Finalmente, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió la actuación de la PDI y rechazó cualquier alegato de ilegalidad, subrayando que la policía actuó conforme a un reporte de inteligencia requerido por una autoridad. No obstante, la controversia persiste en torno a las decisiones tomadas al interior de la Subsecretaría del Interior y su impacto en las investigaciones administrativas y penales que se llevan a cabo. La fiscalía sigue recopilando evidencia y testimonios para determinar si hubo una falta en el cumplimiento de las funciones de los escoltas y el papel de la PDI en el caso Monsalve.
El comisario Gustavo Troncoso, jefe de la Biro Talca, explicó que la detención fue posible gracias a un exhaustivo análisis de información, el uso de redes sociales e inteligencia policial. “Se logró posicionar a esta persona en los hechos investigados, gestionando la respectiva orden de detención, la cual fue materializada con éxito”, señaló Troncoso. El imputado, un joven de 18 años sin antecedentes previos, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talca para el correspondiente control de detención, bajo la instrucción del Ministerio Público.
En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron detenidos tres miembros de la facción del Tren de Aragua en el sector de Playa Ancha, Valparaíso. Los arrestados, de nacionalidad venezolana e indocumentados, formaban parte de una gigantesca red criminal dedicada al tráfico de drogas en la región, operando principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Ante esto, el operativo se enmarca en la llamadaTren del Mar, una investigación que movilizó a más de 400 policías y que, en agosto pasado, resultó en el allanamiento de 69 viviendas y la detención de 34 personas. En aquel entonces, algunos miembros clave lograron evadir la captura, pero finalmente fueron aprehendidos en este último procedimiento. Asimismo, durante el allanamiento, se incautaron 600 gramos de droga, mayoritariamente ketamina, junto con cocaína y marihuana. Además, se decomisaron celulares, dinero en efectivo y balanzas para el pesaje de estupefacientes. Así también, el fiscal de Crimen Organizado de Valparaíso, José Antonio Uribe, declaró que los detenidostenían vínculos jerárquicos con los líderes desbaratados en agosto, y su función principal era el acopio y la comercialización de drogas sintéticas. Los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de tráfico de drogas. Finalmente, este nuevo golpe al Tren de Aragua sigue los pasos del operativo de agosto, donde se desarticuló gran parte de la banda, la cual incluso había tomado control de un edificio en el centro de Viña del Mar. La captura de estos miembros refuerza la intención de las autoridades de erradicar definitivamente esta organización criminal de la zona.
El delito fue cometido por dos adultos de nacionalidad chilena, un hombre y una mujer, quienes abordaron al conductor simulando ser clientes y luego lo intimidaron, golpeando su cabeza con un arma, aparentemente de fuego, para robarle el vehículo. Tras el robo, huyeron en dirección al norte por la Ruta 5 Sur. El jefe de la Biro Linares, subprefecto Carlos Fuentes, destacó que las investigaciones, análisis de cámaras de seguridad, declaraciones de la víctima y testigos permitieron identificar a los responsables del delito, logrando la detención del sujeto, quien actualmente está en prisión preventiva. Ayer, se logró detener a la mujer en la Región Metropolitana, gracias al trabajo del grupo especializado de búsqueda de prófugos de la justicia. La detenida fue puesta a disposición del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago.
Este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó los resultados de su 92° edición de la encuesta correspondiente al periodo de agosto-septiembre de 2024, donde se evaluó la confianza en diversas instituciones del país. La Policía de Investigaciones (PDI) se posicionó en primer lugar con un notable aumento de siete puntos, alcanzando un 59% de confianza en comparación con la medición anterior realizada en junio y julio. Ante esto, las universidades ocuparon el segundo lugar, incrementando su confianza en cuatro puntos, lo que les permitió llegar al 57%. Carabineros también reportó un crecimiento significativo en la percepción pública, subiendo cinco puntos desde su anterior medición, logrando un 57% de confianza en septiembre. En el cuarto puesto, las Fuerzas Armadas obtuvieron un 51%, mientras que las emisoras de radio experimentaron un aumento de siete puntos, alcanzando un 45%. Finalmente, el estudio se llevó a cabo entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre de 2024, mediante entrevistas presenciales a 1,482 personas en 127 comunas de Chile. Según el CEP, la encuesta presenta un nivel de confianza del 95%.
La situación en torno al caso de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, se complica aún más tras el anuncio de la Policía de Investigaciones (PDI) de abrir un sumario a los escoltas que lo dejaron desprotegido el 22 de septiembre. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la actuación de los funcionarios policiales, especialmente en el contexto de una investigación más amplia que incluye presuntos delitos de violación y obstrucción a la justicia. Ante esto, el 22 de septiembre, Monsalve se trasladó solo a varios lugares, incluido el restaurante El Ají Seco Místico, lo que ha llevado a la Fiscalía a interrogar a detectives sobre su comportamiento y la falta de resguardo. Según fuentes, el director de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que esta omisión se produjo a solicitud del propio Monsalve, quien habría dado instrucciones específicas sobre su protección. Asimismo, en los días posteriores, la fiscalía tomó declaraciones a la jefatura de inteligencia policial para esclarecer si las órdenes recibidas por los escoltas estaban justificadas o si, por el contrario, infringieron protocolos establecidos. Especialistas legales han advertido que cualquier diligencia realizada por la PDI debe estar en conformidad con la ley y supervisada por el Ministerio Público, planteando dudas sobre la legalidad de las acciones policiales en este caso. Finalmente, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió la actuación de la PDI y rechazó cualquier alegato de ilegalidad, subrayando que la policía actuó conforme a un reporte de inteligencia requerido por una autoridad. No obstante, la controversia persiste en torno a las decisiones tomadas al interior de la Subsecretaría del Interior y su impacto en las investigaciones administrativas y penales que se llevan a cabo. La fiscalía sigue recopilando evidencia y testimonios para determinar si hubo una falta en el cumplimiento de las funciones de los escoltas y el papel de la PDI en el caso Monsalve.
El comisario Gustavo Troncoso, jefe de la Biro Talca, explicó que la detención fue posible gracias a un exhaustivo análisis de información, el uso de redes sociales e inteligencia policial. “Se logró posicionar a esta persona en los hechos investigados, gestionando la respectiva orden de detención, la cual fue materializada con éxito”, señaló Troncoso. El imputado, un joven de 18 años sin antecedentes previos, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talca para el correspondiente control de detención, bajo la instrucción del Ministerio Público.
En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron detenidos tres miembros de la facción del Tren de Aragua en el sector de Playa Ancha, Valparaíso. Los arrestados, de nacionalidad venezolana e indocumentados, formaban parte de una gigantesca red criminal dedicada al tráfico de drogas en la región, operando principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Ante esto, el operativo se enmarca en la llamadaTren del Mar, una investigación que movilizó a más de 400 policías y que, en agosto pasado, resultó en el allanamiento de 69 viviendas y la detención de 34 personas. En aquel entonces, algunos miembros clave lograron evadir la captura, pero finalmente fueron aprehendidos en este último procedimiento. Asimismo, durante el allanamiento, se incautaron 600 gramos de droga, mayoritariamente ketamina, junto con cocaína y marihuana. Además, se decomisaron celulares, dinero en efectivo y balanzas para el pesaje de estupefacientes. Así también, el fiscal de Crimen Organizado de Valparaíso, José Antonio Uribe, declaró que los detenidostenían vínculos jerárquicos con los líderes desbaratados en agosto, y su función principal era el acopio y la comercialización de drogas sintéticas. Los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de tráfico de drogas. Finalmente, este nuevo golpe al Tren de Aragua sigue los pasos del operativo de agosto, donde se desarticuló gran parte de la banda, la cual incluso había tomado control de un edificio en el centro de Viña del Mar. La captura de estos miembros refuerza la intención de las autoridades de erradicar definitivamente esta organización criminal de la zona.
El delito fue cometido por dos adultos de nacionalidad chilena, un hombre y una mujer, quienes abordaron al conductor simulando ser clientes y luego lo intimidaron, golpeando su cabeza con un arma, aparentemente de fuego, para robarle el vehículo. Tras el robo, huyeron en dirección al norte por la Ruta 5 Sur. El jefe de la Biro Linares, subprefecto Carlos Fuentes, destacó que las investigaciones, análisis de cámaras de seguridad, declaraciones de la víctima y testigos permitieron identificar a los responsables del delito, logrando la detención del sujeto, quien actualmente está en prisión preventiva. Ayer, se logró detener a la mujer en la Región Metropolitana, gracias al trabajo del grupo especializado de búsqueda de prófugos de la justicia. La detenida fue puesta a disposición del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago.
Este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó los resultados de su 92° edición de la encuesta correspondiente al periodo de agosto-septiembre de 2024, donde se evaluó la confianza en diversas instituciones del país. La Policía de Investigaciones (PDI) se posicionó en primer lugar con un notable aumento de siete puntos, alcanzando un 59% de confianza en comparación con la medición anterior realizada en junio y julio. Ante esto, las universidades ocuparon el segundo lugar, incrementando su confianza en cuatro puntos, lo que les permitió llegar al 57%. Carabineros también reportó un crecimiento significativo en la percepción pública, subiendo cinco puntos desde su anterior medición, logrando un 57% de confianza en septiembre. En el cuarto puesto, las Fuerzas Armadas obtuvieron un 51%, mientras que las emisoras de radio experimentaron un aumento de siete puntos, alcanzando un 45%. Finalmente, el estudio se llevó a cabo entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre de 2024, mediante entrevistas presenciales a 1,482 personas en 127 comunas de Chile. Según el CEP, la encuesta presenta un nivel de confianza del 95%.