El caso fue denunciado inicialmente por Paulina Álvarez Rodríguez, quien alertó sobre facturas factorizadas actualmente en cobro judicial. El municipio sostuvo que muchas de ellas se originan en órdenes de compra inexistentes, ya pagadas o con servicios genéricos que no permiten trazabilidad. Frente a esta situación, la municipalidad presentó en 2024 y 2025 denuncias y querellas ante el Ministerio Público de Linares, agrupadas en la causa penal RUC 241189363-5, que investiga eventuales delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso de documento mercantil y estafa. Asimismo, mediante el decreto exento N° 4331 (22 de agosto de 2024), se instruyó un sumario administrativo a cargo del abogado Sergio Corvalán Méndez, el cual aún permanece en etapa indagatoria. La contralora regional, Roxana Núñez, advirtió una excesiva demora en la tramitación del procedimiento disciplinario, e instruyó al municipio acelerar las diligencias para concluirlo “a la brevedad”, informando los resultados a la Contraloría. Finalmente, el organismo fiscalizador confirmó que se encuentra desarrollando una investigación especial sobre la materia, cuyo informe final será publicado en www.contraloria.cl una vez concluido. ?fbclid=IwY2xjawMUCOFleHRuA2FlbQIxMQABHohty3O4uiv7PJVOtydfNoMXpELoTnnAnLw4CHOeH0zkpq9VH5NkF-AMZFnt_aem_eMs9f1vP4nPHpYU_2Y-PwA&tab=t.0
otorgándole un plazo fatal hasta el 19 de junio para remitir un informe detallado y la documentación respectiva en relación con la denuncia presentada por la asistente social Paulina Álvarez Rodríguez. La denunciante alertó a comienzos de abril sobre la existencia de presuntas irregularidades graves en el proceso de aceptación y pago de facturas, por un monto que asciende a $1.156.145.989, las cuales estarían siendo cobradas judicialmente al municipio sin respaldo documental ni reconocimiento por parte de las unidades técnicas. Según Álvarez Rodríguez, las facturas habrían sido emitidas y cobradas por terceros sin aprobación ni conocimiento de las áreas responsables, lo que podría configurar un grave perjuicio al erario municipal. Requerimientos formales a Contraloría La denuncia fue acompañada de solicitudes concretas, entre ellas: Auditoría urgente del proceso de aceptación y pago de facturas Determinación de responsabilidades administrativas Instrucción de sumarios por eventuales faltas a la probidad Evaluación de denuncia al Ministerio Público en caso de detectarse delitos Revisión de los controles internos para prevenir hechos similares La situación adquiere mayor complejidad considerando la existencia de juicios civiles activos en los tribunales de Linares, derivados de estas facturas. Además, la denunciante sostiene que algunos sumarios administrativos internos estarían paralizados, lo que podría derivar en la impunidad de eventuales responsables. Contraloría toma medidasFrente a estos antecedentes, la Contraloría ha instruido al municipio a responder formalmente antes del 19 de junio, remitiendo todos los antecedentes pertinentes para esclarecer si efectivamente existieron prácticas irregulares. De ser así, se activarían los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos eficaces de control interno, trazabilidad documental y validación de pagos en la administración pública. La ciudadanía demanda una gestión basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas.
El caso fue denunciado inicialmente por Paulina Álvarez Rodríguez, quien alertó sobre facturas factorizadas actualmente en cobro judicial. El municipio sostuvo que muchas de ellas se originan en órdenes de compra inexistentes, ya pagadas o con servicios genéricos que no permiten trazabilidad. Frente a esta situación, la municipalidad presentó en 2024 y 2025 denuncias y querellas ante el Ministerio Público de Linares, agrupadas en la causa penal RUC 241189363-5, que investiga eventuales delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso de documento mercantil y estafa. Asimismo, mediante el decreto exento N° 4331 (22 de agosto de 2024), se instruyó un sumario administrativo a cargo del abogado Sergio Corvalán Méndez, el cual aún permanece en etapa indagatoria. La contralora regional, Roxana Núñez, advirtió una excesiva demora en la tramitación del procedimiento disciplinario, e instruyó al municipio acelerar las diligencias para concluirlo “a la brevedad”, informando los resultados a la Contraloría. Finalmente, el organismo fiscalizador confirmó que se encuentra desarrollando una investigación especial sobre la materia, cuyo informe final será publicado en www.contraloria.cl una vez concluido. ?fbclid=IwY2xjawMUCOFleHRuA2FlbQIxMQABHohty3O4uiv7PJVOtydfNoMXpELoTnnAnLw4CHOeH0zkpq9VH5NkF-AMZFnt_aem_eMs9f1vP4nPHpYU_2Y-PwA&tab=t.0
otorgándole un plazo fatal hasta el 19 de junio para remitir un informe detallado y la documentación respectiva en relación con la denuncia presentada por la asistente social Paulina Álvarez Rodríguez. La denunciante alertó a comienzos de abril sobre la existencia de presuntas irregularidades graves en el proceso de aceptación y pago de facturas, por un monto que asciende a $1.156.145.989, las cuales estarían siendo cobradas judicialmente al municipio sin respaldo documental ni reconocimiento por parte de las unidades técnicas. Según Álvarez Rodríguez, las facturas habrían sido emitidas y cobradas por terceros sin aprobación ni conocimiento de las áreas responsables, lo que podría configurar un grave perjuicio al erario municipal. Requerimientos formales a Contraloría La denuncia fue acompañada de solicitudes concretas, entre ellas: Auditoría urgente del proceso de aceptación y pago de facturas Determinación de responsabilidades administrativas Instrucción de sumarios por eventuales faltas a la probidad Evaluación de denuncia al Ministerio Público en caso de detectarse delitos Revisión de los controles internos para prevenir hechos similares La situación adquiere mayor complejidad considerando la existencia de juicios civiles activos en los tribunales de Linares, derivados de estas facturas. Además, la denunciante sostiene que algunos sumarios administrativos internos estarían paralizados, lo que podría derivar en la impunidad de eventuales responsables. Contraloría toma medidasFrente a estos antecedentes, la Contraloría ha instruido al municipio a responder formalmente antes del 19 de junio, remitiendo todos los antecedentes pertinentes para esclarecer si efectivamente existieron prácticas irregulares. De ser así, se activarían los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos eficaces de control interno, trazabilidad documental y validación de pagos en la administración pública. La ciudadanía demanda una gestión basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas.
