otorgándole un plazo fatal hasta el 19 de junio para remitir un informe detallado y la documentación respectiva en relación con la denuncia presentada por la asistente social Paulina Álvarez Rodríguez. La denunciante alertó a comienzos de abril sobre la existencia de presuntas irregularidades graves en el proceso de aceptación y pago de facturas, por un monto que asciende a $1.156.145.989, las cuales estarían siendo cobradas judicialmente al municipio sin respaldo documental ni reconocimiento por parte de las unidades técnicas. Según Álvarez Rodríguez, las facturas habrían sido emitidas y cobradas por terceros sin aprobación ni conocimiento de las áreas responsables, lo que podría configurar un grave perjuicio al erario municipal. Requerimientos formales a Contraloría La denuncia fue acompañada de solicitudes concretas, entre ellas: Auditoría urgente del proceso de aceptación y pago de facturas Determinación de responsabilidades administrativas Instrucción de sumarios por eventuales faltas a la probidad Evaluación de denuncia al Ministerio Público en caso de detectarse delitos Revisión de los controles internos para prevenir hechos similares La situación adquiere mayor complejidad considerando la existencia de juicios civiles activos en los tribunales de Linares, derivados de estas facturas. Además, la denunciante sostiene que algunos sumarios administrativos internos estarían paralizados, lo que podría derivar en la impunidad de eventuales responsables. Contraloría toma medidasFrente a estos antecedentes, la Contraloría ha instruido al municipio a responder formalmente antes del 19 de junio, remitiendo todos los antecedentes pertinentes para esclarecer si efectivamente existieron prácticas irregulares. De ser así, se activarían los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos eficaces de control interno, trazabilidad documental y validación de pagos en la administración pública. La ciudadanía demanda una gestión basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas.
otorgándole un plazo fatal hasta el 19 de junio para remitir un informe detallado y la documentación respectiva en relación con la denuncia presentada por la asistente social Paulina Álvarez Rodríguez. La denunciante alertó a comienzos de abril sobre la existencia de presuntas irregularidades graves en el proceso de aceptación y pago de facturas, por un monto que asciende a $1.156.145.989, las cuales estarían siendo cobradas judicialmente al municipio sin respaldo documental ni reconocimiento por parte de las unidades técnicas. Según Álvarez Rodríguez, las facturas habrían sido emitidas y cobradas por terceros sin aprobación ni conocimiento de las áreas responsables, lo que podría configurar un grave perjuicio al erario municipal. Requerimientos formales a Contraloría La denuncia fue acompañada de solicitudes concretas, entre ellas: Auditoría urgente del proceso de aceptación y pago de facturas Determinación de responsabilidades administrativas Instrucción de sumarios por eventuales faltas a la probidad Evaluación de denuncia al Ministerio Público en caso de detectarse delitos Revisión de los controles internos para prevenir hechos similares La situación adquiere mayor complejidad considerando la existencia de juicios civiles activos en los tribunales de Linares, derivados de estas facturas. Además, la denunciante sostiene que algunos sumarios administrativos internos estarían paralizados, lo que podría derivar en la impunidad de eventuales responsables. Contraloría toma medidasFrente a estos antecedentes, la Contraloría ha instruido al municipio a responder formalmente antes del 19 de junio, remitiendo todos los antecedentes pertinentes para esclarecer si efectivamente existieron prácticas irregulares. De ser así, se activarían los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos eficaces de control interno, trazabilidad documental y validación de pagos en la administración pública. La ciudadanía demanda una gestión basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas.
