Estudio detecta metales de origen minero en polvo de escuelas de Calama y reabre el debate sobre vigilancia ambiental y ocupacional
La Dra. Ginessa Vallejos, de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET), advierte que el hallazgo es una señal de alerta, aunque sin biomonitoreo humano no es posible inferir niveles elevados de metales en las personas.
Un estudio publicado en Environment International, titulado “The extractive classroom: indoor school environments as reservoirs of mining legacy”, identificó arsénico, plomo, cobre y molibdeno en polvo depositado dentro y fuera de 38 escuelas de Calama, con algunos metales que alcanzaron concentraciones hasta 10 veces superiores al nivel de referencia. Los análisis isotópicos y mineralógicos indicaron que el polvo sería compatible con aportes mineros históricos. La Dra. Ginessa Vallejos Núñez, médica miembro de SOCHMET, planteó que el caso, junto con los episodios de contaminación por polimetales en Arica y Quintero-Puchuncaví, aunque distintos entre sí, recuerda la importancia de anticiparse a los riesgos, sostener la vigilancia en el tiempo y coordinar a los organismos involucrados. Precisó además que el estudio realizó muestreo de polvo interior y exterior, pero no biomonitoreo humano, por lo que no permite concluir que haya niveles elevados de metales en las personas; aun así, constituye una alerta al mostrar que los espacios interiores no operan como una barrera física y que el polvo de la industria minera se acumula en ellos, lo que podría representar un factor de riesgo ambiental subestimado.
La especialista recordó que Calama fue declarada zona saturada por MP10 en 2009, que el plan de descontaminación publicado en 2022 fue anulado y que, mediante la Resolución Exenta N° 204/2024, se establecieron medidas provisionales el 12 de marzo. Como las muestras del estudio se tomaron en enero de 2023, previo a esa resolución, Vallejos subrayó la importancia de verificar el cumplimiento de las medidas vigentes y de dar continuidad a la investigación con nuevas evaluaciones ambientales y, de ser pertinente, biomonitoreo que permita estimar con mayor precisión la exposición de la población y sus potenciales efectos en la salud.
Desde la Medicina del Trabajo y del Ambiente, la doctora planteó el desafío de articular la salud pública, que evalúa riesgos poblacionales, protege a grupos vulnerables y orienta la vigilancia sanitaria, con la salud ocupacional, que reconoce que establecimientos educacionales son también lugares de trabajo para docentes, asistentes y personal de aseo. En ese marco, empleadores y equipos de prevención, con asesoría de los organismos administradores de la Ley 16.744 cuando corresponda, pueden impulsar mejoras de limpieza, ventilación y mantenimiento, y evaluar la pertinencia de una vigilancia de salud ocupacional. El estudio, concluyó, convoca a autoridades, comunidades educativas, trabajadores, empleadores, organismos públicos y sector productivo a transformar los hallazgos en medidas preventivas sostenidas y verificables.
