El destino ambiental del Maule se juega en la disputa por Los Cóndores–Río Diamante
En una columna de opinión, la antropóloga Florencia Vargas Henríquez, encargada de la Comisión Nacional de Medioambiente y Ecología de las Juventudes Comunistas, plantea que el proyecto de interconexión eléctrica en el Alto Maule pone en juego mucho más que un tema técnico: la forma en que se decide sobre los territorios y quién asume los costos del desarrollo.
Para la autora, el valor del Alto Maule trasciende lo paisajístico: se trata de un patrimonio vivo del que dependen el turismo, los servicios y los emprendimientos locales, por lo que instalar una infraestructura de esta envergadura no solo representaría un impacto ambiental, sino también una amenaza económica para quienes viven de esas actividades. En ese contexto, sitúa a la rana del Pehuenche —especie en peligro crítico cuyo hábitat de esteros y vegas de alta montaña se vería afectado por el proyecto— como símbolo de una discusión más amplia. Vargas cuestiona que haya sido necesaria la intervención pública de Leonardo DiCaprio para visibilizar la situación de la especie, y critica lo que describe como silencio de la ministra de Medio Ambiente frente al tema, entendiendo esa falta de pronunciamiento como una postura implícita más que como neutralidad.
La columnista recuerda que el Maule ya ha sido escenario de movilizaciones ciudadanas que lograron torcer decisiones sobre grandes proyectos, mencionando la defensa del río Achibueno y el rechazo a la termoeléctrica Los Robles como ejemplos de cómo la organización comunitaria puede incidir en el destino de un territorio, citando como resultado que el cajón del Achibueno recibe hoy a miles de turistas al año. A partir de esos antecedentes, sostiene que la participación ciudadana no debe entenderse como un obstáculo al desarrollo, sino como parte legítima del ejercicio democrático.
La autora cierra su reflexión situando el debate del Alto Maule más allá de las 72 torres del proyecto, vinculándolo al agua, el turismo, la biodiversidad y las condiciones de vida de las comunidades locales. Plantea que, si bien el país requiere generar energía, la discusión de fondo pasa por definir si la producción energética responde a las necesidades de la sociedad o subordina los territorios a la lógica de la inversión privada, contraponiendo la mirada empresarial del territorio como oportunidad de negocio frente a su valor como condición material de vida para quienes lo habitan.
