La iniciativa contempla financiamiento estable y la coordinación de diversos servicios públicos, con el objetivo de construir una red integral de prevención y protección de la vida. El proyecto cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipalidades del Maule y de la plataforma Suicidioprevent, fundada por la maulina Jacqueline Hernández, quien subrayó que el Maule es hoy la región con la mayor tasa de suicidios en el país: “El suicidio se ha transformado en la primera causa de muerte externa, muy por encima de los accidentes de tránsito o los homicidios, y aún no tenemos un financiamiento estable para enfrentar este fenómeno multicausal y multidimensional”. La senadora Ximena Rincón señaló: “Necesitamos impulsar una política nacional de prevención y protección integral de la vida. Hoy el Maule lidera las tasas de suicidio y eso nos preocupa. Por eso presentamos este proyecto: para que existan fondos, redes y una política clara que enfrente este grave problema”. Por su parte, el senador Juan Castro destacó: “Cuando ocurre un suicidio, fallamos todos: la sociedad, la política, las familias, las escuelas. La salud mental es una necesidad urgente en nuestro país y tenemos la oportunidad de aprobar una ley que acompañe a jóvenes y adultos, con responsabilidad y compromiso”. En tanto, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule, Américo Guajardo, recalcó la importancia de la colaboración entre los municipios, los servicios de salud y los equipos educativos para contribuir a la prevención. Con esta propuesta, los senadores del Maule buscan dar una respuesta legislativa a una problemática creciente que afecta a miles de familias y que demanda un abordaje urgente y coordinado en todo el país.
La advertencia se da tras la protesta de vecinos de San Víctor Álamos, cansados de la falta de respuestas frente al mal estado de la ruta L-419, que conecta sectores como San Antonio, San Antonio Lama, El Quincho y San Víctor Álamos.“Este abandono no puede continuar. Si no se reparan estos y otros caminos de la región del Maule, votaré en contra del presupuesto de Vialidad. Es impresentable el olvido en el que tienen a los sectores rurales de mi región”, señaló la parlamentaria.La legisladora recordó que ya había oficiado a la Ministra de Obras Públicas el pasado 10 de marzo, alertando sobre la situación, pero no ha recibido respuesta. Por ello, emplazó al nuevo director regional de Vialidad a reunirse en terreno con las comunidades afectadas y entregar un plan de acción concreto.“Los vecinos del campo maulino no pueden seguir esperando. No basta con explicaciones, se necesitan obras y soluciones reales. En marzo se ofició al ministerio, estamos terminando agosto y no tenemos respuesta alguna. No es justo y no se puede aceptar bajo ningún punto de vista”, enfatizó la senadora.Con este llamado, Rincón reafirmó que el desarrollo de la región pasa también por atender a las comunidades rurales, que hoy enfrentan graves problemas de conectividad y seguridad vial.
En entrevista con el programa Sin Filtro, la parlamentaria sostuvo que la salida del exsecretario de Estado se da en medio de un escenario complejo:“¿Afecta esta salida la estabilidad a Chile? Por supuesto que sí. Lamentamos profundamente que esto ocurra en un punto crítico del país, justo en pleno debate de la Ley de Presupuesto 2026”, señaló.Rincón advirtió que la discusión presupuestaria requiere de certezas y conducción política clara, elementos que —a su juicio— se ven tensionados por la salida de Marcel del gabinete.La senadora enfatizó que la responsabilidad ahora recae en el Gobierno, que deberá entregar garantías a los distintos actores políticos y sociales para que el debate presupuestario avance sin afectar la estabilidad económica y social del país.
Tras escuchar su legítima preocupación por la seguridad de ella y su hermana, la legisladora solicitó formalmente al fiscal regional la implementación de medidas de protección. “He realizado todas las gestiones necesarias con el fiscal regional para que las hijas de María Ignacia cuenten con resguardo policial. Es lo mínimo que el Estado debe garantizar ante una situación tan grave e incierta”, indicó Rincón. La parlamentaria destacó que ambas jóvenes están dedicadas a mantener la búsqueda activa de su madre y que, mientras no se sepa qué ocurrió ni quiénes están detrás de su desaparición, su seguridad debe estar garantizada. “Confío en el trabajo del fiscal regional y su equipo. La familia, la comuna de Villa Alegre y el país entero necesitan respuestas”, concluyó la senadora.
una práctica que genera un importante daño económico al Estado y afecta la credibilidad de la administración pública. La propuesta establece que quienes hayan percibido sueldos de forma indebida durante períodos de licencia médica falsa deberán restituir esos recursos en un plazo máximo de 30 días. Si no lo hacen, el monto será descontado automáticamente desde su declaración de renta. Además, se contempla la desvinculación inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas para quienes hayan cometido este tipo de fraude. Los impulsores de la iniciativa recalcaron que no puede haber espacio para quienes usan lo público en beneficio personal, reafirmando la necesidad de proteger la probidad en el servicio público.
La iniciativa contempla financiamiento estable y la coordinación de diversos servicios públicos, con el objetivo de construir una red integral de prevención y protección de la vida. El proyecto cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipalidades del Maule y de la plataforma Suicidioprevent, fundada por la maulina Jacqueline Hernández, quien subrayó que el Maule es hoy la región con la mayor tasa de suicidios en el país: “El suicidio se ha transformado en la primera causa de muerte externa, muy por encima de los accidentes de tránsito o los homicidios, y aún no tenemos un financiamiento estable para enfrentar este fenómeno multicausal y multidimensional”. La senadora Ximena Rincón señaló: “Necesitamos impulsar una política nacional de prevención y protección integral de la vida. Hoy el Maule lidera las tasas de suicidio y eso nos preocupa. Por eso presentamos este proyecto: para que existan fondos, redes y una política clara que enfrente este grave problema”. Por su parte, el senador Juan Castro destacó: “Cuando ocurre un suicidio, fallamos todos: la sociedad, la política, las familias, las escuelas. La salud mental es una necesidad urgente en nuestro país y tenemos la oportunidad de aprobar una ley que acompañe a jóvenes y adultos, con responsabilidad y compromiso”. En tanto, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule, Américo Guajardo, recalcó la importancia de la colaboración entre los municipios, los servicios de salud y los equipos educativos para contribuir a la prevención. Con esta propuesta, los senadores del Maule buscan dar una respuesta legislativa a una problemática creciente que afecta a miles de familias y que demanda un abordaje urgente y coordinado en todo el país.
La advertencia se da tras la protesta de vecinos de San Víctor Álamos, cansados de la falta de respuestas frente al mal estado de la ruta L-419, que conecta sectores como San Antonio, San Antonio Lama, El Quincho y San Víctor Álamos.“Este abandono no puede continuar. Si no se reparan estos y otros caminos de la región del Maule, votaré en contra del presupuesto de Vialidad. Es impresentable el olvido en el que tienen a los sectores rurales de mi región”, señaló la parlamentaria.La legisladora recordó que ya había oficiado a la Ministra de Obras Públicas el pasado 10 de marzo, alertando sobre la situación, pero no ha recibido respuesta. Por ello, emplazó al nuevo director regional de Vialidad a reunirse en terreno con las comunidades afectadas y entregar un plan de acción concreto.“Los vecinos del campo maulino no pueden seguir esperando. No basta con explicaciones, se necesitan obras y soluciones reales. En marzo se ofició al ministerio, estamos terminando agosto y no tenemos respuesta alguna. No es justo y no se puede aceptar bajo ningún punto de vista”, enfatizó la senadora.Con este llamado, Rincón reafirmó que el desarrollo de la región pasa también por atender a las comunidades rurales, que hoy enfrentan graves problemas de conectividad y seguridad vial.
En entrevista con el programa Sin Filtro, la parlamentaria sostuvo que la salida del exsecretario de Estado se da en medio de un escenario complejo:“¿Afecta esta salida la estabilidad a Chile? Por supuesto que sí. Lamentamos profundamente que esto ocurra en un punto crítico del país, justo en pleno debate de la Ley de Presupuesto 2026”, señaló.Rincón advirtió que la discusión presupuestaria requiere de certezas y conducción política clara, elementos que —a su juicio— se ven tensionados por la salida de Marcel del gabinete.La senadora enfatizó que la responsabilidad ahora recae en el Gobierno, que deberá entregar garantías a los distintos actores políticos y sociales para que el debate presupuestario avance sin afectar la estabilidad económica y social del país.
Tras escuchar su legítima preocupación por la seguridad de ella y su hermana, la legisladora solicitó formalmente al fiscal regional la implementación de medidas de protección. “He realizado todas las gestiones necesarias con el fiscal regional para que las hijas de María Ignacia cuenten con resguardo policial. Es lo mínimo que el Estado debe garantizar ante una situación tan grave e incierta”, indicó Rincón. La parlamentaria destacó que ambas jóvenes están dedicadas a mantener la búsqueda activa de su madre y que, mientras no se sepa qué ocurrió ni quiénes están detrás de su desaparición, su seguridad debe estar garantizada. “Confío en el trabajo del fiscal regional y su equipo. La familia, la comuna de Villa Alegre y el país entero necesitan respuestas”, concluyó la senadora.
una práctica que genera un importante daño económico al Estado y afecta la credibilidad de la administración pública. La propuesta establece que quienes hayan percibido sueldos de forma indebida durante períodos de licencia médica falsa deberán restituir esos recursos en un plazo máximo de 30 días. Si no lo hacen, el monto será descontado automáticamente desde su declaración de renta. Además, se contempla la desvinculación inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas para quienes hayan cometido este tipo de fraude. Los impulsores de la iniciativa recalcaron que no puede haber espacio para quienes usan lo público en beneficio personal, reafirmando la necesidad de proteger la probidad en el servicio público.
