Al respecto, el senador por la Región del Maule, Juan Antonio Coloma, destacó la importancia de esta medida: “Es muy importante que en el Senado se haya aprobado la ley que establecía una sanción en el caso de incumplimiento de voto obligatorio. Recordemos que esta norma constitucional es de hace varios años, pero no estaba establecida la sanción en esta elección específica”. Coloma explicó que la discusión fue larga y compleja, ya que existían posturas distintas sobre si mantener o no la obligatoriedad del sufragio: “En el oficialismo preferían que volviera a ser voto voluntario, en circunstancias que la Constitución decía que era obligatorio. Y si se dejaba sin sanción, iba a ser imposible poder exigirlo”. Finalmente, el parlamentario sostuvo que la aprobación de esta normativa es una señal clara para fortalecer la democracia y la participación ciudadana: “Creo que ésta es una buena señal para fortalecer la democracia, para fortalecer la participación y que todos tomemos decisiones. Eso es lo relevante con un voto obligatorio debidamente exigido”.
pese a una inversión estatal de más de $200 mil millones en subsidios laborales, la tasa de cesantía se mantiene en un 8,9%. El parlamentario señaló que esta situación refleja una problemática estructural en el mercado laboral: “A pesar de los cuantiosos recursos destinados a subsidios, los niveles de cesantía se mantienen altos. Esto demuestra que nuestro país necesita cambios profundos y una estrategia seria para reactivar la economía y devolver empleos a las familias chilenas”. Coloma enfatizó la urgencia de avanzar hacia medidas más efectivas de reactivación económica y generación de empleo estable, que permitan enfrentar de manera sostenida el impacto del desempleo en los hogares chilenos.
ante el Tribunal Constitucional para impugnar la recientemente aprobada Ley de Permisología, una iniciativa clave del propio Ejecutivo para agilizar la inversión en el país.“Cada vez que se hablaba con el Presidente, el ministro de Hacienda o de Economía, todos decían que con esta ley, Chile volvería a crecer. Pues bien, se aprobó, y ahora, antes incluso de promulgarla, parlamentarios oficialistas buscan frenarla en el TC. Esta es la mejor explicación de por qué el país no avanza: porque quienes están en el gobierno también lo sabotean”, señaló Coloma. El senador también emplazó directamente a la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, a aclarar su posición frente a este conflicto interno: “¿Está con el gobierno que quiere que esta ley funcione, o con los parlamentarios de su sector que quieren frenarla? Que se defina”. Además, Coloma recalcó que el proyecto de permisología “está perfectamente definido”, y agregó que “los gobiernos están para gobernar, no para administrar diferencias internas”. Finalmente, comparó este hecho con lo ocurrido recientemente con el veto del Ejecutivo a un proyecto de humedales: “Esto solo muestra la falta de manejo del gobierno para tomar decisiones. Primero vetan un proyecto de su autoría, ahora sus propios parlamentarios actúan contra su ley estrella. De verdad, no tiene explicación”.
el senador por la Región del Maule, Juan Antonio Coloma, sostuvo una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Durante el encuentro, Coloma solicitó información actualizada sobre el estado del proyecto, luego de que la empresa Astaldi —encargada originalmente de las obras— anunciara su retiro definitivo del proceso durante el mes de junio. “El compromiso era que en paralelo se licitara la continuidad del proyecto para que otra empresa se hiciera cargo de lo que falta. Hoy la ministra me ha informado que ya hay dos empresas que pasaron a la etapa final y que la adjudicación debería concretarse dentro del mes de junio”, indicó el senador. Coloma recalcó que seguirán monitoreando de cerca el proceso, señalando que “el Hospital de Linares más demoras ya no tolera”. Además, enfatizó que están buscando que la nueva licitación incorpore el equipamiento médico, para ganar tiempo y lograr que el hospital esté operativo en un plazo máximo de tres años. “Este proyecto partió en 2017, y parece increíble toda la demora que ha tenido. Por lo tanto, hay que hacer el máximo esfuerzo para resolverlo en el menor tiempo posible”, concluyó el parlamentario. El Hospital de Linares es uno de los proyectos de infraestructura hospitalaria más esperados de la región, destinado a mejorar la calidad de atención de salud para miles de habitantes del Maule Sur.
especialmente a través de la implementación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Coloma ha manifestado que es fundamental garantizar la seguridad ciudadana y que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco normativo adecuado para actuar en estos casos.El gran problema es que el Gobierno le ha quitado la urgencia al proyecto de las RUF, que es indispensable, declaró el senador, quien subrayó que sin estas reglas, las Fuerzas Armadas no tienen claridad para operar de manera efectiva frente a situaciones de violencia.El senador advirtió que las reglas deben ser claras y adecuadas a la realidad de la seguridad, y que no se debe caer en criterios que limiten la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.
Al respecto, el senador por la Región del Maule, Juan Antonio Coloma, destacó la importancia de esta medida: “Es muy importante que en el Senado se haya aprobado la ley que establecía una sanción en el caso de incumplimiento de voto obligatorio. Recordemos que esta norma constitucional es de hace varios años, pero no estaba establecida la sanción en esta elección específica”. Coloma explicó que la discusión fue larga y compleja, ya que existían posturas distintas sobre si mantener o no la obligatoriedad del sufragio: “En el oficialismo preferían que volviera a ser voto voluntario, en circunstancias que la Constitución decía que era obligatorio. Y si se dejaba sin sanción, iba a ser imposible poder exigirlo”. Finalmente, el parlamentario sostuvo que la aprobación de esta normativa es una señal clara para fortalecer la democracia y la participación ciudadana: “Creo que ésta es una buena señal para fortalecer la democracia, para fortalecer la participación y que todos tomemos decisiones. Eso es lo relevante con un voto obligatorio debidamente exigido”.
pese a una inversión estatal de más de $200 mil millones en subsidios laborales, la tasa de cesantía se mantiene en un 8,9%. El parlamentario señaló que esta situación refleja una problemática estructural en el mercado laboral: “A pesar de los cuantiosos recursos destinados a subsidios, los niveles de cesantía se mantienen altos. Esto demuestra que nuestro país necesita cambios profundos y una estrategia seria para reactivar la economía y devolver empleos a las familias chilenas”. Coloma enfatizó la urgencia de avanzar hacia medidas más efectivas de reactivación económica y generación de empleo estable, que permitan enfrentar de manera sostenida el impacto del desempleo en los hogares chilenos.
ante el Tribunal Constitucional para impugnar la recientemente aprobada Ley de Permisología, una iniciativa clave del propio Ejecutivo para agilizar la inversión en el país.“Cada vez que se hablaba con el Presidente, el ministro de Hacienda o de Economía, todos decían que con esta ley, Chile volvería a crecer. Pues bien, se aprobó, y ahora, antes incluso de promulgarla, parlamentarios oficialistas buscan frenarla en el TC. Esta es la mejor explicación de por qué el país no avanza: porque quienes están en el gobierno también lo sabotean”, señaló Coloma. El senador también emplazó directamente a la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, a aclarar su posición frente a este conflicto interno: “¿Está con el gobierno que quiere que esta ley funcione, o con los parlamentarios de su sector que quieren frenarla? Que se defina”. Además, Coloma recalcó que el proyecto de permisología “está perfectamente definido”, y agregó que “los gobiernos están para gobernar, no para administrar diferencias internas”. Finalmente, comparó este hecho con lo ocurrido recientemente con el veto del Ejecutivo a un proyecto de humedales: “Esto solo muestra la falta de manejo del gobierno para tomar decisiones. Primero vetan un proyecto de su autoría, ahora sus propios parlamentarios actúan contra su ley estrella. De verdad, no tiene explicación”.
el senador por la Región del Maule, Juan Antonio Coloma, sostuvo una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Durante el encuentro, Coloma solicitó información actualizada sobre el estado del proyecto, luego de que la empresa Astaldi —encargada originalmente de las obras— anunciara su retiro definitivo del proceso durante el mes de junio. “El compromiso era que en paralelo se licitara la continuidad del proyecto para que otra empresa se hiciera cargo de lo que falta. Hoy la ministra me ha informado que ya hay dos empresas que pasaron a la etapa final y que la adjudicación debería concretarse dentro del mes de junio”, indicó el senador. Coloma recalcó que seguirán monitoreando de cerca el proceso, señalando que “el Hospital de Linares más demoras ya no tolera”. Además, enfatizó que están buscando que la nueva licitación incorpore el equipamiento médico, para ganar tiempo y lograr que el hospital esté operativo en un plazo máximo de tres años. “Este proyecto partió en 2017, y parece increíble toda la demora que ha tenido. Por lo tanto, hay que hacer el máximo esfuerzo para resolverlo en el menor tiempo posible”, concluyó el parlamentario. El Hospital de Linares es uno de los proyectos de infraestructura hospitalaria más esperados de la región, destinado a mejorar la calidad de atención de salud para miles de habitantes del Maule Sur.
especialmente a través de la implementación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Coloma ha manifestado que es fundamental garantizar la seguridad ciudadana y que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco normativo adecuado para actuar en estos casos.El gran problema es que el Gobierno le ha quitado la urgencia al proyecto de las RUF, que es indispensable, declaró el senador, quien subrayó que sin estas reglas, las Fuerzas Armadas no tienen claridad para operar de manera efectiva frente a situaciones de violencia.El senador advirtió que las reglas deben ser claras y adecuadas a la realidad de la seguridad, y que no se debe caer en criterios que limiten la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.
