La Sala del Senado respaldó una iniciativa que busca otorgar una vigencia especial a las cédulas de identidad de adultos mayores. El proyecto tiene como objetivo permitir que las personas de la cuarta edad y mayores de 60 años en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet con una duración de 20 años. El senador David Sandoval explicó las modificaciones realizadas al proyecto durante su análisis en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. En concreto, se pretende que las cédulas de adultos mayores que se encuentren en la cuarta edad y aquellas personas mayores de 60 años en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud puedan ser emitidas con una validez de dos décadas. Tras ser aprobado por la Sala del Senado, el proyecto pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según el texto, estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio chileno. Además, se establece que si las personas beneficiadas por la ley desean utilizar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil. Fuente: CNN Chile País
una práctica que genera un importante daño económico al Estado y afecta la credibilidad de la administración pública. La propuesta establece que quienes hayan percibido sueldos de forma indebida durante períodos de licencia médica falsa deberán restituir esos recursos en un plazo máximo de 30 días. Si no lo hacen, el monto será descontado automáticamente desde su declaración de renta. Además, se contempla la desvinculación inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas para quienes hayan cometido este tipo de fraude. Los impulsores de la iniciativa recalcaron que no puede haber espacio para quienes usan lo público en beneficio personal, reafirmando la necesidad de proteger la probidad en el servicio público.
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
La Sala del Senado respaldó una iniciativa que busca otorgar una vigencia especial a las cédulas de identidad de adultos mayores. El proyecto tiene como objetivo permitir que las personas de la cuarta edad y mayores de 60 años en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet con una duración de 20 años. El senador David Sandoval explicó las modificaciones realizadas al proyecto durante su análisis en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. En concreto, se pretende que las cédulas de adultos mayores que se encuentren en la cuarta edad y aquellas personas mayores de 60 años en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud puedan ser emitidas con una validez de dos décadas. Tras ser aprobado por la Sala del Senado, el proyecto pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según el texto, estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio chileno. Además, se establece que si las personas beneficiadas por la ley desean utilizar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil. Fuente: CNN Chile País
una práctica que genera un importante daño económico al Estado y afecta la credibilidad de la administración pública. La propuesta establece que quienes hayan percibido sueldos de forma indebida durante períodos de licencia médica falsa deberán restituir esos recursos en un plazo máximo de 30 días. Si no lo hacen, el monto será descontado automáticamente desde su declaración de renta. Además, se contempla la desvinculación inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas para quienes hayan cometido este tipo de fraude. Los impulsores de la iniciativa recalcaron que no puede haber espacio para quienes usan lo público en beneficio personal, reafirmando la necesidad de proteger la probidad en el servicio público.
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
