El Ministerio de Obras Públicas informó que se realizó la Recepción de Ofertas Técnicas para el proyecto Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca, mandatado por el Ministerio de Justicia, que considera una inversión de UF 1.400.000 (MM USD 63) para la habilitación y operación del recinto que contará con una capacidad para 2.320 personas privadas de libertad. La oferta recibida corresponde a la Constructora San José y el proceso de licitación continuará con la apertura de ofertas económicas programada para el 20 de agosto. La adjudicación se realizará durante el presente año. La ministra López señaló que “como Gobierno estamos concentrados en fortalecer nuestra política penitenciaria y junto a estos anuncios de infraestructura, como la concesión del nuevo recinto penitenciario de Talca, seguimos aportando para la seguridad en la región y el país. La cárcel será concesionada para entregar un mejor servicio de seguridad y mejores condiciones carcelarias al disponer de más espacio para la población penal, así como contar con servicios de apoyo a la reinserción social, salud y alimentación. Sabemos que la seguridad es una prioridad, por eso estamos comprometidos con el plan de construcción de infraestructura penitenciaria de alto estándar”. Por su parte, el Director General de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, valoró el interés de la empresa Constructora San José, que se presentó al llamado y recalcó que “este proyecto es parte de la agenda de seguridad del gobierno y esperamos a fines de este año ya esté operando”. Asimismo indicó después de 14 años, cuando fue la última recepción de ofertas de establecimientos penales, hemos podido converger en un modelo para sacar adelante infraestructura penitenciaria. El nuevo recinto, que se ubica en la ciudad de Talca, contará con una superficie total aproximada de 63.570 m2 y 14 módulos de reclusión distribuidos en tres pisos. El establecimiento fue diseñado y construido por parte de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, cuya recepción provisoria se realizó en 2023. Se estima un inicio de la operación en forma parcial durante el presente año con una población penal aproximada de 400 personas. En ese mismo período, se iniciarían las obras de habilitación que se extenderían hasta 2026, fecha en que el recinto operaría a su capacidad máxima. Cabe precisar que el proyecto de concesión considera la habilitación del establecimiento y en particular de todas las áreas destinadas a la prestación de los servicios, esto considera la provisión del equipamiento estándar y de seguridad, la ejecución de mejoras en las instalaciones de seguridad, entre otras obras. Asimismo, la concesión incluye la mantención y conservación de la infraestructura y la prestación de los servicios penitenciarios, como apoyo a la reinserción social, salud, alimentación, entre otros.
El Ministerio de Obras Públicas nombró al ingeniero agrónomo Jorge Abarza Agurto, como nuevo Secretario Regional Ministerial de la cartera en la Región del Maule. La autoridad asumirá el cargo a partir del 1 de agosto de 2024. El profesional de 46 años es ingeniero agrónomo de profesión con masters en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Talca y en Ciencia Política y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Mayor. Además, cuenta con diplomados en proyectos de Ingeniería en Eficiencia Energética de la Universidad Federico Santa María. Los desafíos para el nuevo Seremi de la cartera liderada por la ministra Jessica López, serán dirigir los planes y programas de las direcciones regionales del MOP que disponen de un presupuesto histórico para 2024 con iniciativas relevantes en materias de conectividad, edificación pública, patrimonial y resguardo de los recursos hídricos.
El diputado e integrante de la comisión de Obras Públicas, Juan Antonio Coloma, junto al consejero regional por Linares, Alamiro Garrido, oficiaron al Ministerio de Obras Públicas solicitando que exijan -a la empresa a cargo- el cumplimiento de las condiciones contractuales de sus trabajadores, luego que se diera a conocer que un total de 46 asesores de inspectores fiscales, que están a cargo de la construcción de los hospitales de Parral, Constitución y Cauquenes, en el Maule Sur, se les adeuda sus remuneraciones desde al menos dos meses, lo que incluiría también el pago de sus cotizaciones. Al respecto, ambas autoridades aseguraron haber tomado contacto con uno de los trabajadores en cuestión, quien les relató que -producto de la misma situación- decidieron paralizar sus funciones, debido a las dificultades económicas que les genera a ellos y a sus familias no recibir sus sueldos, puesto que -además- muchos de ellos no son de la zona y, por tanto, deben costear un hospedaje. Sin embargo, y junto con manifestar su preocupación por los problemas económicos en que se encuentran los 46 trabajadores, el diputado Coloma y el consejero Garrido también advirtieron sobre las “graves dificultades” que implica que los asesores de inspectores fiscales estén paralizados. “La función que cumplen los asesores de inspectores fiscales es de controlar, supervisar y fiscalizar que los protocolos y procedimientos se cumplan de la manera más correcta y en distintas áreas, como redes, gases, arquitectura, informática y tecnología, entre otras, de tal manera que si ellos están paralizados es absolutamente preocupante y grave que las construcciones sigan su curso” , señaló el core Linares, mientras que Coloma agregó que “todos queremos que las obras salgan adelante lo antes posible, pero es indispensable que se realicen con todos los estándares posibles” . En ese sentido, las dos autoridades también advirtieron que los problemas contractuales con los trabajadores se arrastrarían incluso desde antes, luego que tomaran conocimiento de una carta enviada por la empresa en cuestión en noviembre de 2023, donde se comprometen a buscar una solución para cumplir con el pago de las remuneraciones que -en ese minuto- estaban pendientes. Producto de lo anterior, Coloma y Garrido no sólo llamaron al MOP a que exija el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la compañía, sino que también solicitaron la “urgente intervención” del Ministerio de Salud -a través del servicio de salud de la zona-, tanto para que se dé cumplimiento al pago de los sueldos de los trabajadores, como también para garantizar que se cumpla con todos los estándares de construcción que se exigen en proyectos de esta naturaleza. “Es muy grave que se siga avanzando con los proyectos sin que participe un eje fundamental, como son los asesores de inspectores fiscales, que de alguna manera son los que van a acreditar el control de calidad final al momento de la recepción definitiva de las obras” , reiteraron Coloma y Garrido.
El Ministerio de Obras Públicas informó que se realizó la Recepción de Ofertas Técnicas para el proyecto Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca, mandatado por el Ministerio de Justicia, que considera una inversión de UF 1.400.000 (MM USD 63) para la habilitación y operación del recinto que contará con una capacidad para 2.320 personas privadas de libertad. La oferta recibida corresponde a la Constructora San José y el proceso de licitación continuará con la apertura de ofertas económicas programada para el 20 de agosto. La adjudicación se realizará durante el presente año. La ministra López señaló que “como Gobierno estamos concentrados en fortalecer nuestra política penitenciaria y junto a estos anuncios de infraestructura, como la concesión del nuevo recinto penitenciario de Talca, seguimos aportando para la seguridad en la región y el país. La cárcel será concesionada para entregar un mejor servicio de seguridad y mejores condiciones carcelarias al disponer de más espacio para la población penal, así como contar con servicios de apoyo a la reinserción social, salud y alimentación. Sabemos que la seguridad es una prioridad, por eso estamos comprometidos con el plan de construcción de infraestructura penitenciaria de alto estándar”. Por su parte, el Director General de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, valoró el interés de la empresa Constructora San José, que se presentó al llamado y recalcó que “este proyecto es parte de la agenda de seguridad del gobierno y esperamos a fines de este año ya esté operando”. Asimismo indicó después de 14 años, cuando fue la última recepción de ofertas de establecimientos penales, hemos podido converger en un modelo para sacar adelante infraestructura penitenciaria. El nuevo recinto, que se ubica en la ciudad de Talca, contará con una superficie total aproximada de 63.570 m2 y 14 módulos de reclusión distribuidos en tres pisos. El establecimiento fue diseñado y construido por parte de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, cuya recepción provisoria se realizó en 2023. Se estima un inicio de la operación en forma parcial durante el presente año con una población penal aproximada de 400 personas. En ese mismo período, se iniciarían las obras de habilitación que se extenderían hasta 2026, fecha en que el recinto operaría a su capacidad máxima. Cabe precisar que el proyecto de concesión considera la habilitación del establecimiento y en particular de todas las áreas destinadas a la prestación de los servicios, esto considera la provisión del equipamiento estándar y de seguridad, la ejecución de mejoras en las instalaciones de seguridad, entre otras obras. Asimismo, la concesión incluye la mantención y conservación de la infraestructura y la prestación de los servicios penitenciarios, como apoyo a la reinserción social, salud, alimentación, entre otros.
El Ministerio de Obras Públicas nombró al ingeniero agrónomo Jorge Abarza Agurto, como nuevo Secretario Regional Ministerial de la cartera en la Región del Maule. La autoridad asumirá el cargo a partir del 1 de agosto de 2024. El profesional de 46 años es ingeniero agrónomo de profesión con masters en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Talca y en Ciencia Política y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Mayor. Además, cuenta con diplomados en proyectos de Ingeniería en Eficiencia Energética de la Universidad Federico Santa María. Los desafíos para el nuevo Seremi de la cartera liderada por la ministra Jessica López, serán dirigir los planes y programas de las direcciones regionales del MOP que disponen de un presupuesto histórico para 2024 con iniciativas relevantes en materias de conectividad, edificación pública, patrimonial y resguardo de los recursos hídricos.
El diputado e integrante de la comisión de Obras Públicas, Juan Antonio Coloma, junto al consejero regional por Linares, Alamiro Garrido, oficiaron al Ministerio de Obras Públicas solicitando que exijan -a la empresa a cargo- el cumplimiento de las condiciones contractuales de sus trabajadores, luego que se diera a conocer que un total de 46 asesores de inspectores fiscales, que están a cargo de la construcción de los hospitales de Parral, Constitución y Cauquenes, en el Maule Sur, se les adeuda sus remuneraciones desde al menos dos meses, lo que incluiría también el pago de sus cotizaciones. Al respecto, ambas autoridades aseguraron haber tomado contacto con uno de los trabajadores en cuestión, quien les relató que -producto de la misma situación- decidieron paralizar sus funciones, debido a las dificultades económicas que les genera a ellos y a sus familias no recibir sus sueldos, puesto que -además- muchos de ellos no son de la zona y, por tanto, deben costear un hospedaje. Sin embargo, y junto con manifestar su preocupación por los problemas económicos en que se encuentran los 46 trabajadores, el diputado Coloma y el consejero Garrido también advirtieron sobre las “graves dificultades” que implica que los asesores de inspectores fiscales estén paralizados. “La función que cumplen los asesores de inspectores fiscales es de controlar, supervisar y fiscalizar que los protocolos y procedimientos se cumplan de la manera más correcta y en distintas áreas, como redes, gases, arquitectura, informática y tecnología, entre otras, de tal manera que si ellos están paralizados es absolutamente preocupante y grave que las construcciones sigan su curso” , señaló el core Linares, mientras que Coloma agregó que “todos queremos que las obras salgan adelante lo antes posible, pero es indispensable que se realicen con todos los estándares posibles” . En ese sentido, las dos autoridades también advirtieron que los problemas contractuales con los trabajadores se arrastrarían incluso desde antes, luego que tomaran conocimiento de una carta enviada por la empresa en cuestión en noviembre de 2023, donde se comprometen a buscar una solución para cumplir con el pago de las remuneraciones que -en ese minuto- estaban pendientes. Producto de lo anterior, Coloma y Garrido no sólo llamaron al MOP a que exija el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la compañía, sino que también solicitaron la “urgente intervención” del Ministerio de Salud -a través del servicio de salud de la zona-, tanto para que se dé cumplimiento al pago de los sueldos de los trabajadores, como también para garantizar que se cumpla con todos los estándares de construcción que se exigen en proyectos de esta naturaleza. “Es muy grave que se siga avanzando con los proyectos sin que participe un eje fundamental, como son los asesores de inspectores fiscales, que de alguna manera son los que van a acreditar el control de calidad final al momento de la recepción definitiva de las obras” , reiteraron Coloma y Garrido.