La institución vuelve a quedar bajo alerta por un caso de intimidación dirigido a su personal, en una seguidilla de amenazas que ha tensionado el trabajo al interior del sistema penitenciario durante el año. Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que dos coronas de flores, dirigidas a funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, fueran dejadas durante la mañana de este lunes en el acceso principal de la ex Penitenciaría, en la comuna de Santiago. Según antecedentes consignados por La Tercera , una mujer llegó hasta el recinto y entregó los arreglos florales, cada uno con el nombre de un oficial de Gendarmería. El gesto fue interpretado como una amenaza directa hacia el personal penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad. En un comunicado, la institución detalló que, tras recibir el aviso, se dispuso un operativo que incluyó registro y allanamiento en dos módulos, además de diversas diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público. Asimismo, la Oficina de Defensa Funcionaria evaluará los antecedentes para determinar acciones judiciales adicionales. “Gendarmería, permanentemente, está actualizando sus protocolos para garantizar la seguridad tanto del personal, como de las personas bajo su custodia, rechazando tajantemente cualquier acto que revista, amenazas o atentados en contra de sus funcionarias y funcionarios”, destacaron. Fuente: CNN Chile País
La diputada y senadora electa por Valparaíso, Karol Cariola (PC), compareció ante el Ministerio Público durante casi 10 horas en relación al caso Chinamart. Se investiga si la legisladora realizó gestiones a favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también miembro de su partido. Según Ciper, Cariola declaró como imputada y autorizó la apertura de sus cuentas bancarias en la diligencia solicitada por ella misma. El testimonio tuvo lugar en Valparaíso, en la oficina del abogado de la militante PC, Juan Carlos Manríquez. Además, la defensa de Cariola pidió que su declaración se mantenga bajo reserva por un período de 90 días. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
Tres imputados fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por peligro para la sociedad. Prisión preventiva fue la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de San Javier en contra de tres imputados adultos y a petición de la fiscalía local tras una investigación coordinada con Carabineros y la PDI que permitió aclarar un grave caso criminal. “Pasaron a control de detención a tres sujetos de nacionalidad chilena, los cuales fueron formalizados por el delito de secuestro, microtráfico e ingreso de aparato tecnológico a un centro de cumplimiento penitenciario», informó la fiscal (s) Paulina Salazar. La persecutora agregó que «estos hechos tienen su principio de ejecución en San Javier, lugar en el cual la víctima es privada de libertad y agredida, resultando con lesiones. Esto con el objeto de obligarla a ingresar droga y un aparato tecnológico, situación que es advertida por Gendarmería, quien, previa coordinación con Carabineros, procede a la detención de los tres imputados en las afueras del recinto penal». La fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI. El tribunal limitó en cuatro meses el plazo de la investigación de la fiscalía en cuyo contexto la defensa de los imputados tienen plazo legal para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Talca donde se puede confirmar o revocar la medida cautelar.
La institución vuelve a quedar bajo alerta por un caso de intimidación dirigido a su personal, en una seguidilla de amenazas que ha tensionado el trabajo al interior del sistema penitenciario durante el año. Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que dos coronas de flores, dirigidas a funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, fueran dejadas durante la mañana de este lunes en el acceso principal de la ex Penitenciaría, en la comuna de Santiago. Según antecedentes consignados por La Tercera , una mujer llegó hasta el recinto y entregó los arreglos florales, cada uno con el nombre de un oficial de Gendarmería. El gesto fue interpretado como una amenaza directa hacia el personal penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad. En un comunicado, la institución detalló que, tras recibir el aviso, se dispuso un operativo que incluyó registro y allanamiento en dos módulos, además de diversas diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público. Asimismo, la Oficina de Defensa Funcionaria evaluará los antecedentes para determinar acciones judiciales adicionales. “Gendarmería, permanentemente, está actualizando sus protocolos para garantizar la seguridad tanto del personal, como de las personas bajo su custodia, rechazando tajantemente cualquier acto que revista, amenazas o atentados en contra de sus funcionarias y funcionarios”, destacaron. Fuente: CNN Chile País
La diputada y senadora electa por Valparaíso, Karol Cariola (PC), compareció ante el Ministerio Público durante casi 10 horas en relación al caso Chinamart. Se investiga si la legisladora realizó gestiones a favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también miembro de su partido. Según Ciper, Cariola declaró como imputada y autorizó la apertura de sus cuentas bancarias en la diligencia solicitada por ella misma. El testimonio tuvo lugar en Valparaíso, en la oficina del abogado de la militante PC, Juan Carlos Manríquez. Además, la defensa de Cariola pidió que su declaración se mantenga bajo reserva por un período de 90 días. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
Tres imputados fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por peligro para la sociedad. Prisión preventiva fue la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de San Javier en contra de tres imputados adultos y a petición de la fiscalía local tras una investigación coordinada con Carabineros y la PDI que permitió aclarar un grave caso criminal. “Pasaron a control de detención a tres sujetos de nacionalidad chilena, los cuales fueron formalizados por el delito de secuestro, microtráfico e ingreso de aparato tecnológico a un centro de cumplimiento penitenciario», informó la fiscal (s) Paulina Salazar. La persecutora agregó que «estos hechos tienen su principio de ejecución en San Javier, lugar en el cual la víctima es privada de libertad y agredida, resultando con lesiones. Esto con el objeto de obligarla a ingresar droga y un aparato tecnológico, situación que es advertida por Gendarmería, quien, previa coordinación con Carabineros, procede a la detención de los tres imputados en las afueras del recinto penal». La fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI. El tribunal limitó en cuatro meses el plazo de la investigación de la fiscalía en cuyo contexto la defensa de los imputados tienen plazo legal para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Talca donde se puede confirmar o revocar la medida cautelar.
