La Contraloría reveló este martes un nuevo caso de mal uso de licencias médicas en Chile, donde 13.286 funcionarios públicos fueron descubiertos asistiendo a casinos durante su ausencia laboral por motivos de salud en el período 2023-2024. Estas irregularidades fueron expuestas en el último Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo, que cruzó datos proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según el informe, se otorgaron un total de 5.235.890 licencias médicas a servidores públicos durante el período analizado, mientras que la SCJ informó que hubo 218.372 ingresos de funcionarios del Estado a casinos en ese lapso. Las 13.286 personas bajo investigación presentaron un total de 14.599 licencias médicas, y se identificó que 1.486 de ellos viajaron fuera del país mientras estaban con permiso laboral por motivos de salud en mayo pasado. El análisis realizado por la Contraloría reveló que se registraron 14.923 asistencias a casinos con el mal uso de licencias, siendo los recintos ubicados en O’Higgins, Biobío y Valparaíso los más visitados. Las licencias médicas cuyos titulares no respetaron el periodo de reposo se distribuyen en 799 entidades, destacando las municipalidades con un 30% y hospitales y servicios de salud con un 29%. Entre las entidades con mayor incidencia se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra, Servicio de Salud de Concepción, Servicio de Salud de O’Higgins, Corporación Nacional del Cobre y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. La Contraloría anunció que notificará a las instituciones mencionadas para iniciar procedimientos disciplinarios correspondientes, y enviará los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Además, la información fue remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Fuente: Meganoticias
La presidenta del Colegio Médico Santiago, Francisca Crispi, informó que 75 funcionarios enfrentarán procesos éticos en nuestros tribunales, ya que esas son las únicas facultades que actualmente tiene el gremio, según señaló. Crispi detalló que estos casos están siendo investigados por el Ministerio Público debido al presunto mal uso de licencias médicas. En este sentido, mencionó que cinco funcionarios fueron remitidos a los Tribunales de Ética del Colmed. “En conjunto con otros 67 médicos de los que fuimos informados, que estando con licencia dieron más de 30 licencias médicas, están hoy siendo investigados”, expresó Crispi. La presidenta del Colmed destacó la gravedad de las situaciones detectadas: “Son causales graves, porque se trata de médicos que entregaron más de 30 licencias estando ellos mismos con licencia. En otros casos, se trata de profesionales que hoy están siendo investigados por la fiscalía por venta de licencias, uso malicioso o falsificación de licencias”. En este sentido, se espera que alrededor de 75 médicos sean sometidos a procesos éticos en los tribunales del gremio. Respecto a las posibles sanciones, Crispi subrayó que la máxima penalización que pueden imponer los tribunales de ética es la expulsión del Colegio Médico, aunque también existen sanciones menores. Finalmente, la representante del gremio enfatizó la importancia de contar con más facultades para abordar estas situaciones. Entre las medidas propuestas se encuentra la recuperación de la vigilancia ética de las profesiones y la posibilidad de revocar el título a aquellos profesionales que no hagan un buen uso del mismo. Fuente: CNN Chile País
coincidiendo con periodos en que se encontraba con licencia médica. La primera situación se remonta a febrero de 2023, cuando Cabrera —entonces encargado del Programa Junaeb— obtuvo una licencia médica de 15 días, desde el 21 de febrero al 7 de marzo, firmada por el médico Marcelo Molina. Durante ese tiempo, el actual edil cruzó la cordillera para asistir a la tradicional Fiesta de la Vendimia en Mendoza. Las publicaciones en sus redes sociales, como “Disfrutando en la vendimia!!!!”, lo muestran acompañado de amigos durante el evento. Un año después, en marzo de 2024, habría vuelto a realizar el mismo viaje con otra licencia médica vigente entre el 1 y el 6 de marzo. Las imágenes de su participación en la fiesta volvieron a ser compartidas públicamente. Consultado por los medios, Cabrera no negó las acusaciones y afirmó: “Eso está en investigación y yo me voy a someter a lo que diga la Contraloría”. Este caso se suma a una creciente preocupación nacional por el uso indebido de licencias médicas en el sector público y privado. La opinión pública y los organismos fiscalizadores apuntan a la necesidad de establecer mayores controles y sanciones, no solo para los trabajadores involucrados, sino también para quienes extienden y validan licencias médicas en contextos injustificados. La situación sigue en investigación por parte de Contraloría, pero ya ha reavivado el debate sobre la ética pública, el control del ausentismo laboral y la integridad de los funcionarios. Fuente: Meganoticias
una práctica que genera un importante daño económico al Estado y afecta la credibilidad de la administración pública. La propuesta establece que quienes hayan percibido sueldos de forma indebida durante períodos de licencia médica falsa deberán restituir esos recursos en un plazo máximo de 30 días. Si no lo hacen, el monto será descontado automáticamente desde su declaración de renta. Además, se contempla la desvinculación inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas para quienes hayan cometido este tipo de fraude. Los impulsores de la iniciativa recalcaron que no puede haber espacio para quienes usan lo público en beneficio personal, reafirmando la necesidad de proteger la probidad en el servicio público.
por parte de funcionarios públicos. En total, se detectaron 25 mil casos de trabajadores del Estado que viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras declaraban estar en reposo médico. La situación fue identificada gracias al uso del Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC), una innovadora herramienta tecnológica desarrollada por la Contraloría General de la República (CGR). Este sistema permitió cruzar más de 5 millones de licencias médicas con 1,2 millones de registros migratorios, en colaboración con organismos como la Policía de Investigaciones (PDI) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Entre los hallazgos más graves, se detectaron casos de médicos que utilizaron licencias para estudiar fuera del país e incluso emitieron boletas de atención mientras estaban supuestamente en reposo. Ante este escenario, la contralora solicitó al Senado avanzar en una reforma legal que entregue mayores atribuciones a la CGR, entre ellas el acceso a bases de datos sensibles como cartolas bancarias. Esto permitiría aplicar sanciones directas tras las auditorías, sin depender exclusivamente de otras instituciones. El informe generó un amplio respaldo entre senadores de todos los sectores, quienes coincidieron en que este fraude representa “un engaño al fisco” con un impacto económico estimado en 300 millones de dólares. El monto, señalaron, podría destinarse a otras prioridades como salud, educación o incluso financiar diez versiones de la Teletón. El debate concluyó con consenso sobre la necesidad de una “ley corta” que permita robustecer las facultades de fiscalización de la Contraloría, así como reformas a la Ley de Municipalidades, con el objetivo de prevenir y sancionar estos abusos, y asegurar un uso responsable de los recursos públicos.
La Contraloría reveló este martes un nuevo caso de mal uso de licencias médicas en Chile, donde 13.286 funcionarios públicos fueron descubiertos asistiendo a casinos durante su ausencia laboral por motivos de salud en el período 2023-2024. Estas irregularidades fueron expuestas en el último Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo, que cruzó datos proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según el informe, se otorgaron un total de 5.235.890 licencias médicas a servidores públicos durante el período analizado, mientras que la SCJ informó que hubo 218.372 ingresos de funcionarios del Estado a casinos en ese lapso. Las 13.286 personas bajo investigación presentaron un total de 14.599 licencias médicas, y se identificó que 1.486 de ellos viajaron fuera del país mientras estaban con permiso laboral por motivos de salud en mayo pasado. El análisis realizado por la Contraloría reveló que se registraron 14.923 asistencias a casinos con el mal uso de licencias, siendo los recintos ubicados en O’Higgins, Biobío y Valparaíso los más visitados. Las licencias médicas cuyos titulares no respetaron el periodo de reposo se distribuyen en 799 entidades, destacando las municipalidades con un 30% y hospitales y servicios de salud con un 29%. Entre las entidades con mayor incidencia se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra, Servicio de Salud de Concepción, Servicio de Salud de O’Higgins, Corporación Nacional del Cobre y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. La Contraloría anunció que notificará a las instituciones mencionadas para iniciar procedimientos disciplinarios correspondientes, y enviará los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Además, la información fue remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Fuente: Meganoticias
La presidenta del Colegio Médico Santiago, Francisca Crispi, informó que 75 funcionarios enfrentarán procesos éticos en nuestros tribunales, ya que esas son las únicas facultades que actualmente tiene el gremio, según señaló. Crispi detalló que estos casos están siendo investigados por el Ministerio Público debido al presunto mal uso de licencias médicas. En este sentido, mencionó que cinco funcionarios fueron remitidos a los Tribunales de Ética del Colmed. “En conjunto con otros 67 médicos de los que fuimos informados, que estando con licencia dieron más de 30 licencias médicas, están hoy siendo investigados”, expresó Crispi. La presidenta del Colmed destacó la gravedad de las situaciones detectadas: “Son causales graves, porque se trata de médicos que entregaron más de 30 licencias estando ellos mismos con licencia. En otros casos, se trata de profesionales que hoy están siendo investigados por la fiscalía por venta de licencias, uso malicioso o falsificación de licencias”. En este sentido, se espera que alrededor de 75 médicos sean sometidos a procesos éticos en los tribunales del gremio. Respecto a las posibles sanciones, Crispi subrayó que la máxima penalización que pueden imponer los tribunales de ética es la expulsión del Colegio Médico, aunque también existen sanciones menores. Finalmente, la representante del gremio enfatizó la importancia de contar con más facultades para abordar estas situaciones. Entre las medidas propuestas se encuentra la recuperación de la vigilancia ética de las profesiones y la posibilidad de revocar el título a aquellos profesionales que no hagan un buen uso del mismo. Fuente: CNN Chile País
coincidiendo con periodos en que se encontraba con licencia médica. La primera situación se remonta a febrero de 2023, cuando Cabrera —entonces encargado del Programa Junaeb— obtuvo una licencia médica de 15 días, desde el 21 de febrero al 7 de marzo, firmada por el médico Marcelo Molina. Durante ese tiempo, el actual edil cruzó la cordillera para asistir a la tradicional Fiesta de la Vendimia en Mendoza. Las publicaciones en sus redes sociales, como “Disfrutando en la vendimia!!!!”, lo muestran acompañado de amigos durante el evento. Un año después, en marzo de 2024, habría vuelto a realizar el mismo viaje con otra licencia médica vigente entre el 1 y el 6 de marzo. Las imágenes de su participación en la fiesta volvieron a ser compartidas públicamente. Consultado por los medios, Cabrera no negó las acusaciones y afirmó: “Eso está en investigación y yo me voy a someter a lo que diga la Contraloría”. Este caso se suma a una creciente preocupación nacional por el uso indebido de licencias médicas en el sector público y privado. La opinión pública y los organismos fiscalizadores apuntan a la necesidad de establecer mayores controles y sanciones, no solo para los trabajadores involucrados, sino también para quienes extienden y validan licencias médicas en contextos injustificados. La situación sigue en investigación por parte de Contraloría, pero ya ha reavivado el debate sobre la ética pública, el control del ausentismo laboral y la integridad de los funcionarios. Fuente: Meganoticias
una práctica que genera un importante daño económico al Estado y afecta la credibilidad de la administración pública. La propuesta establece que quienes hayan percibido sueldos de forma indebida durante períodos de licencia médica falsa deberán restituir esos recursos en un plazo máximo de 30 días. Si no lo hacen, el monto será descontado automáticamente desde su declaración de renta. Además, se contempla la desvinculación inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas para quienes hayan cometido este tipo de fraude. Los impulsores de la iniciativa recalcaron que no puede haber espacio para quienes usan lo público en beneficio personal, reafirmando la necesidad de proteger la probidad en el servicio público.
por parte de funcionarios públicos. En total, se detectaron 25 mil casos de trabajadores del Estado que viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras declaraban estar en reposo médico. La situación fue identificada gracias al uso del Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC), una innovadora herramienta tecnológica desarrollada por la Contraloría General de la República (CGR). Este sistema permitió cruzar más de 5 millones de licencias médicas con 1,2 millones de registros migratorios, en colaboración con organismos como la Policía de Investigaciones (PDI) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Entre los hallazgos más graves, se detectaron casos de médicos que utilizaron licencias para estudiar fuera del país e incluso emitieron boletas de atención mientras estaban supuestamente en reposo. Ante este escenario, la contralora solicitó al Senado avanzar en una reforma legal que entregue mayores atribuciones a la CGR, entre ellas el acceso a bases de datos sensibles como cartolas bancarias. Esto permitiría aplicar sanciones directas tras las auditorías, sin depender exclusivamente de otras instituciones. El informe generó un amplio respaldo entre senadores de todos los sectores, quienes coincidieron en que este fraude representa “un engaño al fisco” con un impacto económico estimado en 300 millones de dólares. El monto, señalaron, podría destinarse a otras prioridades como salud, educación o incluso financiar diez versiones de la Teletón. El debate concluyó con consenso sobre la necesidad de una “ley corta” que permita robustecer las facultades de fiscalización de la Contraloría, así como reformas a la Ley de Municipalidades, con el objetivo de prevenir y sancionar estos abusos, y asegurar un uso responsable de los recursos públicos.
