presentó su renuncia luego de que se conociera que utilizó una licencia médica mientras realizaba un viaje internacional que coincidía con sus vacaciones legales programadas para el año 2023. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el magistrado había solicitado anticipadamente su feriado legal. Sin embargo, días antes de iniciar el viaje sufrió una fractura en uno de sus pies, lo que motivó la presentación de una licencia médica. A pesar de la lesión, Fritz decidió continuar con su viaje al extranjero, situación que fue registrada por la Contraloría General de la República.Tras la revelación del caso, la Asociación de Magistradas y Magistrados del Maule confirmó la renuncia mediante un comunicado público, en el que también expresó su rechazo a cualquier uso indebido de licencias médicas, destacando la importancia de mantener altos estándares éticos dentro del Poder Judicial.Asimismo, se informó que se iniciará una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Este episodio se suma a otros casos recientes que han generado preocupación en la ciudadanía sobre la transparencia y ética de los integrantes del sistema judicial chileno.
La Contraloría General de la República (CGR) comunicó que fiscalizará la realización de viajes en periodo de licencias médicas. Tras solicitar información a los servicios públicos del país sobre las licencias médicas de sus funcionarios, la Contraloría iniciará una fiscalización que permita revisar el debido uso de dichos reposos, particularmente durante el periodo de vacaciones. El objetivo, detalló la entidad, es verificar la correcta utilización de las bajas por enfermedad de los servidores del Estado, evitando que éstas sean utilizadas para otros fines. Para ello, la Contraloría pidió a las instituciones públicas entregar información sobre las licencias emitidas durante el periodo 2022-2024. En ese contexto, el pasado 29 de enero el organismo ofició a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar información sobre los ingresos y egresos del país de determinados funcionarios, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. La Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a la PDI —hasta el próximo 26 de febrero— para entregar los antecedentes, los que serán analizados con herramientas avanzadas de analítica y procesamiento masivo de datos. Una publicación compartida por Contraloría Chile (@contraloriacl) Fuente: T13 Nacional
presentó su renuncia luego de que se conociera que utilizó una licencia médica mientras realizaba un viaje internacional que coincidía con sus vacaciones legales programadas para el año 2023. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el magistrado había solicitado anticipadamente su feriado legal. Sin embargo, días antes de iniciar el viaje sufrió una fractura en uno de sus pies, lo que motivó la presentación de una licencia médica. A pesar de la lesión, Fritz decidió continuar con su viaje al extranjero, situación que fue registrada por la Contraloría General de la República.Tras la revelación del caso, la Asociación de Magistradas y Magistrados del Maule confirmó la renuncia mediante un comunicado público, en el que también expresó su rechazo a cualquier uso indebido de licencias médicas, destacando la importancia de mantener altos estándares éticos dentro del Poder Judicial.Asimismo, se informó que se iniciará una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Este episodio se suma a otros casos recientes que han generado preocupación en la ciudadanía sobre la transparencia y ética de los integrantes del sistema judicial chileno.
La Contraloría General de la República (CGR) comunicó que fiscalizará la realización de viajes en periodo de licencias médicas. Tras solicitar información a los servicios públicos del país sobre las licencias médicas de sus funcionarios, la Contraloría iniciará una fiscalización que permita revisar el debido uso de dichos reposos, particularmente durante el periodo de vacaciones. El objetivo, detalló la entidad, es verificar la correcta utilización de las bajas por enfermedad de los servidores del Estado, evitando que éstas sean utilizadas para otros fines. Para ello, la Contraloría pidió a las instituciones públicas entregar información sobre las licencias emitidas durante el periodo 2022-2024. En ese contexto, el pasado 29 de enero el organismo ofició a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar información sobre los ingresos y egresos del país de determinados funcionarios, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. La Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a la PDI —hasta el próximo 26 de febrero— para entregar los antecedentes, los que serán analizados con herramientas avanzadas de analítica y procesamiento masivo de datos. Una publicación compartida por Contraloría Chile (@contraloriacl) Fuente: T13 Nacional
