La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha rechazado los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y los querellantes en el caso del diputado Gustavo Gatica, confirmando la absolución del carabinero en retiro Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos, según informó ADN Radio. Estos recursos tenían como objetivo anular la sentencia emitida por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y solicitar un nuevo juicio. Gustavo Gatica perdió la visión como consecuencia de los impactos recibidos durante una manifestación en noviembre de 2019, en medio del estallido social. El veredicto absolutorio se dio a conocer en enero, mientras que la sentencia se emitió en mayo. En ella, el tribunal reconoció la participación de Crespo en el disparo que hirió a Gatica, pero consideró que su acción estaba justificada dadas las circunstancias de la manifestación. Los recursos presentados cuestionaban la valoración de pruebas como la declaración del exuniformado, quien admitió que existían instrucciones para no disparar hacia zonas vitales. También objetaron la aplicación de la legítima defensa para justificar su actuación. Ante esta resolución, la fiscal Ximena Chong expresó su desacuerdo: “Obviamente, es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios”, señaló, aunque destacó que el Ministerio Público respeta la decisión judicial. Chong resaltó que el tribunal desestimó uno de los argumentos clave de la defensa: “La decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y terminó con la ceguera del señor Gustavo Gatica”, afirmó. Tras agotarse esta instancia legal, los representantes del parlamentario podrían considerar recurrir a instancias internacionales relacionadas con derechos humanos. Fuente: ADN Radio Nacional
En la tercera jornada de formalización contra quienes asoman como responsables del Caso Sartor, la Fiscalía detalló la argumentación para solicitar prisión preventiva contra algunos de los involucrados. Al respecto, la orgánica fundamentó la solicitud contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. En cuanto a la situación del expresidente de Azul Azul, la Fiscalía argumentó la solicitud de prisión preventiva con tal de asegurar el éxito de diligencias pendientes ante la sospecha de que pueda obstaculizar la investigación por la destrucción de elementos de prueba. Además, plantearon que su libertad constituye un peligro para la sociedad. “Es una estructura sofisticada. El señor Clark priorizó sus intereses por sobre el deber de lealtad que tenía hacia los aportantes”, resaltaron. Eso además de enumerar los delitos de los cuales se acusa a Michael Clark: administración desleal, estafa, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA (oferta pública de acciones), lavado de activos y contrato simulado. En la suma de las acciones, todas estas situaciones implican pena de crimen, rango bajo el cual, bajo el argumento de la Fiscalía, no proceden cautelares con menor intensidad, junto con considerar que tanto él como los exdirectores de Sartor actúan en pandilla. Se espera que mañana martes expongan los abogados querellantes del caso y que el miércoles comience ya la defensa de los imputados ante la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
Michael Clark brindó declaraciones este lunes luego de la tercera jornada de la audiencia de formalización en su contra por su implicación en el Caso Sartor, donde la Fiscalía presentó los cargos que justifican su solicitud de prisión preventiva. “Hemos conocido los fundamentos de las acusaciones en nuestra contra. El miércoles tendremos la oportunidad de rebatir lo expuesto. Me siento tranquilo, es evidente que no ejercía poder y mi participación era mínima”, expresó el exmandatario de Azul Azul. “No puedo adelantar mi defensa ante el tribunal. La situación es desagradable, pero estoy sereno”, subrayó, señalando que, desde su punto de vista, está menos comprometido que otros exmiembros de Sartor. “Nunca fui socio ni tuve acciones o influencia en Sartor. Fui asesor por un tiempo. No tenía voto. No se ha presentado ningún documento legal con mi firma relacionado con Sartor y desde 2021 me dediqué a la U”, afirmó Michael Clark. Después de enfrentar a los medios, al salir del Centro de Justicia, el expresidente de la U de Chile fue confrontado por un grupo de seguidores. Mientras recibía fuertes insultos, los fanáticos azules le lanzaron billetes con su rostro, reprochándole su papel en la venta de acciones que lo habían convertido en el principal accionista de la sociedad anónima deportiva. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la formalización del caso Sartor, que inició este jueves, se revelaron detalles financieros que ponen en entredicho el papel de Michael Clark, actual máximo accionista de Universidad de Chile, en operaciones que la Fiscalía considera clave para demostrar posibles delitos relacionados con la gestión de fondos de inversión, estafa, administración desleal, lavado de dinero, entre otros. Uno de los puntos centrales de la investigación se centra en Redwood Capital SpA, empresa fundada en 2015 por Michael Clark junto a Daniel Subelman y Felipe Soto Olgueta. Según la formalización, Clark se convirtió en el único accionista de la compañía en junio de 2023, poco antes de una transacción cuestionada por las autoridades financieras. En una audiencia se detalló que El 28 de septiembre de 2023, el FIP Deuda Privada otorgó financiamientos a Redwood por $875.000.000, crédito que aumentó hasta $901.000.000 en enero de 2024. El único aportante del FIP Deuda Privada a marzo de 2024 era el FI Sartor Táctico administrado por Sartor AGF S.A.. De esta manera, Sartor AGF prestó dinero a Clark que había sido invertido por las víctimas en dicha administradora general de fondos. Con los fondos obtenidos, Clark adquirió el Bono Nexus por $810.942.034 y posteriormente lo vendió por $1.255.299.515 a un fondo gestionado por Sartor AGF. Nexus es la sociedad controladora de la Isapre MasVida, propiedad de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg. Esta operación le valió a Michael Clark una multa de UF 65.000 ($2.654.911.350 pesos) y la inhabilitación para ser director durante 5 años impuesta por la CMF en 2025. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el Fondo de Inversión Privado Deuda Privada otorgó un financiamiento a Redwood Capital por $875 millones el 28 de septiembre de 2023. Posteriormente, la deuda aumentó a $901 millones tras la capitalización de intereses. La Fiscalía sostiene que esos fondos se utilizaron para adquirir el Bono Nexus, sociedad matriz de Isapre MasVida (de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg), por más de $810 millones y luego venderlo por $1.255 millones a un fondo gestionado por Sartor AGF. La diferencia entre ambas sumas generó una ganancia superior a los $380 millones y resultó en sanciones administrativas previas por parte de la CMF contra Michael Clark y otros miembros del directorio de Sartor AGF. Se sostiene en la formalización que Clark habría utilizado su posición dentro de la administradora para obtener financiamiento indirecto proveniente de fondos manejados por Sartor, beneficiándose económicamente mediante una operación que según la Fiscalía podría haber sido realizada directamente por los fondos administrados por Sartor. Otro aspecto investigado es el financiamiento para adquirir acciones de Azul Azul S.A. a Carlos Heller en 2021. Inversiones Cerro El Plomo (administrada por Sartor AGF) realizó contribuciones al FIP Tactical Sport para comprar el 63,07% de las acciones del grupo dueño del club Universidad de Chile. La Fiscalía menciona una serie de pagarés emitidos durante abril y noviembre del mismo año por montos superiores a los $4.300 millones y obligaciones expresadas en UF que aún no han sido saldadas. Se argumenta que recursos provenientes de inversores que podrían haber sido defraudados y pertenecientes a fondos manejados por Sartor terminaron siendo utilizados para financiar la operación que permitió tomar control sobre Azul Azul. Tanto Michael Clark como Pedro Pablo Larraín y otros exdirectivos y ejecutivos previamente habían sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la CMF debido a estos hechos. La formalización también incluye detalles sobre un contrato firmado en enero del 2024 entre el FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada para explorar la venta total o parcial del fondo propietario del club Universidad de Chile. Los honorarios acordados con esta asesoría fueron pagados por Bigsilver S.A., empresa vinculada a Patricio Kiblisky Fried. Además, información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero sugiere posibles conexiones entre financistas asociados con Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg relacionadas con el financiamiento utilizado para comprar acciones en Azul Azul. Todos estos datos serán presentados durante una formalización que se espera dure varios días y será crucial en la investigación penal contra exdirectores y ejecutivos del grupo Sartor. La Fiscalía buscará probar delitos como administración desleal, estafa e infracciones a leyes financieras mientras las defensas preparan sus argumentos para refutar las acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha realizado un cambio en la medida cautelar que afectaba a Manuel Monsalve, quien ha pasado de estar bajo arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno en relación con la investigación penal en curso. El exsubsecretario del Interior estaba cumpliendo esta medida en Viña del Mar desde que la Corte Suprema revocó la prisión preventiva que se le había impuesto anteriormente. La Fiscalía lo está investigando por presuntos delitos de violación y abuso sexual, cargos por los cuales se prevé solicitar penas que sumarían un total de 14 años de prisión. La causa se encuentra en su etapa final, tras la decisión del tribunal de ampliar en 60 días el plazo de investigación para llevar a cabo diligencias y peritajes pendientes. Una vez concluido este proceso, el Ministerio Público deberá determinar si presenta una acusación formal y solicita la apertura del juicio oral. El defensor penal público, Víctor Providel, expresó su deseo de que la investigación ya estuviera cerrada. “Nos hubiera gustado que a esta altura ya se hubiera cerrado toda la investigación”, mencionó, señalando que muchas de las diligencias pendientes fueron solicitadas previamente por la defensa y luego ordenadas por el tribunal. “Esperamos que lo más pronto posible podamos tener el resultado de esta diligencia, que se cierre la investigación y pasar a la etapa de preparación de juicio oral y juicio oral”, agregó Providel después de la audiencia de revisión de las medidas cautelares. Cuando se le preguntó sobre una controversia administrativa relacionada con la solicitud de antecedentes del caso, el abogado optó por no profundizar y explicó que el asunto está siendo revisado por la Corte de Apelaciones. “Es una discusión que se está produciendo entre instituciones, que está sujeta a la resolución de la Corte de Apelaciones”, afirmó. Fuente: ADN Radio Nacional
La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha rechazado los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y los querellantes en el caso del diputado Gustavo Gatica, confirmando la absolución del carabinero en retiro Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos, según informó ADN Radio. Estos recursos tenían como objetivo anular la sentencia emitida por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y solicitar un nuevo juicio. Gustavo Gatica perdió la visión como consecuencia de los impactos recibidos durante una manifestación en noviembre de 2019, en medio del estallido social. El veredicto absolutorio se dio a conocer en enero, mientras que la sentencia se emitió en mayo. En ella, el tribunal reconoció la participación de Crespo en el disparo que hirió a Gatica, pero consideró que su acción estaba justificada dadas las circunstancias de la manifestación. Los recursos presentados cuestionaban la valoración de pruebas como la declaración del exuniformado, quien admitió que existían instrucciones para no disparar hacia zonas vitales. También objetaron la aplicación de la legítima defensa para justificar su actuación. Ante esta resolución, la fiscal Ximena Chong expresó su desacuerdo: “Obviamente, es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios”, señaló, aunque destacó que el Ministerio Público respeta la decisión judicial. Chong resaltó que el tribunal desestimó uno de los argumentos clave de la defensa: “La decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y terminó con la ceguera del señor Gustavo Gatica”, afirmó. Tras agotarse esta instancia legal, los representantes del parlamentario podrían considerar recurrir a instancias internacionales relacionadas con derechos humanos. Fuente: ADN Radio Nacional
En la tercera jornada de formalización contra quienes asoman como responsables del Caso Sartor, la Fiscalía detalló la argumentación para solicitar prisión preventiva contra algunos de los involucrados. Al respecto, la orgánica fundamentó la solicitud contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. En cuanto a la situación del expresidente de Azul Azul, la Fiscalía argumentó la solicitud de prisión preventiva con tal de asegurar el éxito de diligencias pendientes ante la sospecha de que pueda obstaculizar la investigación por la destrucción de elementos de prueba. Además, plantearon que su libertad constituye un peligro para la sociedad. “Es una estructura sofisticada. El señor Clark priorizó sus intereses por sobre el deber de lealtad que tenía hacia los aportantes”, resaltaron. Eso además de enumerar los delitos de los cuales se acusa a Michael Clark: administración desleal, estafa, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA (oferta pública de acciones), lavado de activos y contrato simulado. En la suma de las acciones, todas estas situaciones implican pena de crimen, rango bajo el cual, bajo el argumento de la Fiscalía, no proceden cautelares con menor intensidad, junto con considerar que tanto él como los exdirectores de Sartor actúan en pandilla. Se espera que mañana martes expongan los abogados querellantes del caso y que el miércoles comience ya la defensa de los imputados ante la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
Michael Clark brindó declaraciones este lunes luego de la tercera jornada de la audiencia de formalización en su contra por su implicación en el Caso Sartor, donde la Fiscalía presentó los cargos que justifican su solicitud de prisión preventiva. “Hemos conocido los fundamentos de las acusaciones en nuestra contra. El miércoles tendremos la oportunidad de rebatir lo expuesto. Me siento tranquilo, es evidente que no ejercía poder y mi participación era mínima”, expresó el exmandatario de Azul Azul. “No puedo adelantar mi defensa ante el tribunal. La situación es desagradable, pero estoy sereno”, subrayó, señalando que, desde su punto de vista, está menos comprometido que otros exmiembros de Sartor. “Nunca fui socio ni tuve acciones o influencia en Sartor. Fui asesor por un tiempo. No tenía voto. No se ha presentado ningún documento legal con mi firma relacionado con Sartor y desde 2021 me dediqué a la U”, afirmó Michael Clark. Después de enfrentar a los medios, al salir del Centro de Justicia, el expresidente de la U de Chile fue confrontado por un grupo de seguidores. Mientras recibía fuertes insultos, los fanáticos azules le lanzaron billetes con su rostro, reprochándole su papel en la venta de acciones que lo habían convertido en el principal accionista de la sociedad anónima deportiva. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la formalización del caso Sartor, que inició este jueves, se revelaron detalles financieros que ponen en entredicho el papel de Michael Clark, actual máximo accionista de Universidad de Chile, en operaciones que la Fiscalía considera clave para demostrar posibles delitos relacionados con la gestión de fondos de inversión, estafa, administración desleal, lavado de dinero, entre otros. Uno de los puntos centrales de la investigación se centra en Redwood Capital SpA, empresa fundada en 2015 por Michael Clark junto a Daniel Subelman y Felipe Soto Olgueta. Según la formalización, Clark se convirtió en el único accionista de la compañía en junio de 2023, poco antes de una transacción cuestionada por las autoridades financieras. En una audiencia se detalló que El 28 de septiembre de 2023, el FIP Deuda Privada otorgó financiamientos a Redwood por $875.000.000, crédito que aumentó hasta $901.000.000 en enero de 2024. El único aportante del FIP Deuda Privada a marzo de 2024 era el FI Sartor Táctico administrado por Sartor AGF S.A.. De esta manera, Sartor AGF prestó dinero a Clark que había sido invertido por las víctimas en dicha administradora general de fondos. Con los fondos obtenidos, Clark adquirió el Bono Nexus por $810.942.034 y posteriormente lo vendió por $1.255.299.515 a un fondo gestionado por Sartor AGF. Nexus es la sociedad controladora de la Isapre MasVida, propiedad de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg. Esta operación le valió a Michael Clark una multa de UF 65.000 ($2.654.911.350 pesos) y la inhabilitación para ser director durante 5 años impuesta por la CMF en 2025. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el Fondo de Inversión Privado Deuda Privada otorgó un financiamiento a Redwood Capital por $875 millones el 28 de septiembre de 2023. Posteriormente, la deuda aumentó a $901 millones tras la capitalización de intereses. La Fiscalía sostiene que esos fondos se utilizaron para adquirir el Bono Nexus, sociedad matriz de Isapre MasVida (de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg), por más de $810 millones y luego venderlo por $1.255 millones a un fondo gestionado por Sartor AGF. La diferencia entre ambas sumas generó una ganancia superior a los $380 millones y resultó en sanciones administrativas previas por parte de la CMF contra Michael Clark y otros miembros del directorio de Sartor AGF. Se sostiene en la formalización que Clark habría utilizado su posición dentro de la administradora para obtener financiamiento indirecto proveniente de fondos manejados por Sartor, beneficiándose económicamente mediante una operación que según la Fiscalía podría haber sido realizada directamente por los fondos administrados por Sartor. Otro aspecto investigado es el financiamiento para adquirir acciones de Azul Azul S.A. a Carlos Heller en 2021. Inversiones Cerro El Plomo (administrada por Sartor AGF) realizó contribuciones al FIP Tactical Sport para comprar el 63,07% de las acciones del grupo dueño del club Universidad de Chile. La Fiscalía menciona una serie de pagarés emitidos durante abril y noviembre del mismo año por montos superiores a los $4.300 millones y obligaciones expresadas en UF que aún no han sido saldadas. Se argumenta que recursos provenientes de inversores que podrían haber sido defraudados y pertenecientes a fondos manejados por Sartor terminaron siendo utilizados para financiar la operación que permitió tomar control sobre Azul Azul. Tanto Michael Clark como Pedro Pablo Larraín y otros exdirectivos y ejecutivos previamente habían sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la CMF debido a estos hechos. La formalización también incluye detalles sobre un contrato firmado en enero del 2024 entre el FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada para explorar la venta total o parcial del fondo propietario del club Universidad de Chile. Los honorarios acordados con esta asesoría fueron pagados por Bigsilver S.A., empresa vinculada a Patricio Kiblisky Fried. Además, información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero sugiere posibles conexiones entre financistas asociados con Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg relacionadas con el financiamiento utilizado para comprar acciones en Azul Azul. Todos estos datos serán presentados durante una formalización que se espera dure varios días y será crucial en la investigación penal contra exdirectores y ejecutivos del grupo Sartor. La Fiscalía buscará probar delitos como administración desleal, estafa e infracciones a leyes financieras mientras las defensas preparan sus argumentos para refutar las acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha realizado un cambio en la medida cautelar que afectaba a Manuel Monsalve, quien ha pasado de estar bajo arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno en relación con la investigación penal en curso. El exsubsecretario del Interior estaba cumpliendo esta medida en Viña del Mar desde que la Corte Suprema revocó la prisión preventiva que se le había impuesto anteriormente. La Fiscalía lo está investigando por presuntos delitos de violación y abuso sexual, cargos por los cuales se prevé solicitar penas que sumarían un total de 14 años de prisión. La causa se encuentra en su etapa final, tras la decisión del tribunal de ampliar en 60 días el plazo de investigación para llevar a cabo diligencias y peritajes pendientes. Una vez concluido este proceso, el Ministerio Público deberá determinar si presenta una acusación formal y solicita la apertura del juicio oral. El defensor penal público, Víctor Providel, expresó su deseo de que la investigación ya estuviera cerrada. “Nos hubiera gustado que a esta altura ya se hubiera cerrado toda la investigación”, mencionó, señalando que muchas de las diligencias pendientes fueron solicitadas previamente por la defensa y luego ordenadas por el tribunal. “Esperamos que lo más pronto posible podamos tener el resultado de esta diligencia, que se cierre la investigación y pasar a la etapa de preparación de juicio oral y juicio oral”, agregó Providel después de la audiencia de revisión de las medidas cautelares. Cuando se le preguntó sobre una controversia administrativa relacionada con la solicitud de antecedentes del caso, el abogado optó por no profundizar y explicó que el asunto está siendo revisado por la Corte de Apelaciones. “Es una discusión que se está produciendo entre instituciones, que está sujeta a la resolución de la Corte de Apelaciones”, afirmó. Fuente: ADN Radio Nacional
