En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin, se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados. (EFE).— Las autoridades del Gobierno firmaron este lunes el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, terreno en el que se emplazó un centro de detención, tortura y exterminio bajo el mando del pederasta alemán, Paul Schäfer, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que será transformado en un centro de memoria histórica. En total, 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016, pasarán a manos del Estado en una operación que el Ejecutivo espera concluir antes del 11 de marzo próximo, cuando deje La Moneda. “Estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva”, dijo el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Además del titular de Justicia, firmaron el decreto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, todos a cargo de impulsar las coordinaciones institucionales necesarias para la expropiación. “Esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión”, señaló Montes. “Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estad o se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, subrayó por su parte Figueroa. Los actuales habitantes de Villa Baviera, nombre actual del asentamiento fundado en 1961, si bien “no se oponen” a la creación de un sitio de memoria, insisten en que el proceso está pasando “por encima” de su comunidad, siendo “nuevamente vulnerados como chilenos y víctimas”. “ Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron en un comunicado. “Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno (…) En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada ”, denunciaron. En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados y que hoy en día aún siguen desaparecidas. Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión del país después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo de Defensa del Estado que la actuación de ProCultura no se ajustó a la naturaleza jurídica de una Fundación y descuidó su objeto social. El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ha solicitado la disolución definitiva de la fundación ProCultura, creada por Alberto Larraín, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales colaboradores. Según lo revelado por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) después de un estudio administrativo realizado por el ministro Jaime Gajardo. La determinación se tomó luego de que la fundación no respondiera a los requerimientos del Ministerio de Justicia ni a las visitas a los domicilios registrados a nombre de los responsables de ProCultura. En el marco de esta solicitud al CDE, también se señaló que la organización habría desviado fondos públicos destinados a programas para pagar sueldos a sus miembros. Se detalló que entre 2018 y 2022, solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante se destinó a remuneraciones. Por lo tanto, se consideró que ProCultura había violado gravemente sus estatutos. Se argumenta que se habría desvirtuado el fin propio de la fundación, entendido como un patrimonio dedicado a un propósito diferente al enriquecimiento personal, con una falta de coherencia entre los objetivos y las actividades realizadas. Además, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Hacienda ha publicado un segundo balance sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, específicamente en la administración central del Estado. Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, los trabajadores involucrados en este escándalo que han sido despedidos por el gobierno llegan a 1468. Además, el número de funcionarios públicos de la administración central implicados en el mal uso de licencias médicas se ha elevado a 8814, con 7926 trabajadores sujetos a sumarios, los cuales, según el ministro Marcel, en la mayoría de los casos todavía estos sumarios están en desarrollo. Mario Marcel señaló que los funcionarios se concentran principalmente en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y destacó que es muy probable que haya un número importante de funcionarios que salieron en atención a que se iniciaron los sumarios. Sin embargo, enfatizó que el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, informó que considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se impartirá sumarios recibieron $10 938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia. Asimismo, señaló que la duración promedio de estas licencias médicas es de 18,9 días. En cuanto a la validación de antecedentes durante la etapa investigativa, el ministro Marcel mencionó que es necesario solicitar por oficio la certificación oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) en relación con la fecha de entrada y salida del país. Hasta el jueves 26 de junio, la PDI informó que ha recibido alrededor de 1500 solicitudes por parte de los servicios públicos de la administración central del Estado, habiendo respondido un 58% hasta la fecha. Fuente: Publimetro
la firma del decreto de expropiación de terrenos en Colonia Dignidad será concretada durante este mes. El anuncio responde a un compromiso adquirido por el Ejecutivo en la Cuenta Pública del año pasado, en que se informó el inicio del proceso administrativo para la expropiación de áreas de la ex Colonia Dignidad —actual Villa Baviera— declaradas monumentos históricos por su vínculo con violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar. 🔎 El terreno a expropiar comprende 166 hectáreas, en las que existen recintos identificados judicialmente como lugares de detención ilegal, tortura, inhumación y exhumación de cuerpos. Todo ello fue llevado a cabo en coordinación con Paul Schäfer y jerarcas alemanes al servicio del régimen de Pinochet. El presidente Boric expresó: En marzo anunciamos el plan de expropiación de terrenos de Colonia Dignidad y puedo informar al país que su decreto estará listo este mes, cumpliendo con el compromiso adquirido (...) Sin ustedes, sus luchas, sus desgarradores recuerdos y sus llamados a la memoria, no estaríamos hoy aquí presentes. Desde el mundo político y de los derechos humanos, las reacciones fueron positivas. El diputado y abogado de DD.HH. Roberto Celedón afirmó que este lugar será el sitio de memoria más grande de Chile y resaltó la responsabilidad histórica de los colonos alemanes en las violaciones cometidas. Por su parte, la presidenta de la Asociación por la Memoria Colonia Dignidad, Margarita Romero, celebró el anuncio señalando que se trata de una decisión largamente esperada y destacó la disposición del colectivo a colaborar con las instituciones del Estado para el desarrollo del sitio de memoria. El 22 de mayo pasado, diversas organizaciones entregaron al Gobierno una propuesta formal para avanzar en la puesta en valor del lugar, que incluye medidas como: Creación de un consejo resolutivo con participación de la sociedad civil. Acceso público inmediato con respaldo estatal. Diagnóstico patrimonial con apoyo técnico. Señalética transitoria e informativa. Desarrollo de un plan integral de gestión patrimonial con enfoque en derechos humanos. Este hito representa un paso concreto en la reparación simbólica y la conservación de la memoria histórica del país.
A veces se generan tensiones entre las instituciones, comentó este miércoles el Presidente Gabriel Boric a la prensa, acompañado del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El Mandatario se dejó ver con el persecutor en la Cuenta Pública del Ministerio Público y vertió unas palabras de conciliación tras días marcados por la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno. Valencia de hecho, hizo un guiño al Mandatario, al relevar el mejoramiento de la Fiscalía Regional de Magallanes, algo que el aludido correspondió con una sonrisa entre la audiencia. La controversia vino a partir de la filtración de una conversación del exasesor de Presidencia, Miguel Crispi, que era parte de la escucha telefónica que solicitó el fiscal Patricio Cooper hacia el frenteamplista por el caso Procultura. La incomodidad de La Moneda escaló con la información de una solicitud que el mismo persecutor hizo para interceptar el teléfono del Presidente. Si bien tribunales desestimó la medida, la ministra Aisén Etcheverry emplazó a la fiscalía a aclarar la veracidad del requerimiento. Estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los recuerdos que sean necesarios, dijo la ministra este lunes, en una vocería hecha pasadas las 19:00 horas. ... Fuente: Emol
En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin, se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados. (EFE).— Las autoridades del Gobierno firmaron este lunes el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, terreno en el que se emplazó un centro de detención, tortura y exterminio bajo el mando del pederasta alemán, Paul Schäfer, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que será transformado en un centro de memoria histórica. En total, 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016, pasarán a manos del Estado en una operación que el Ejecutivo espera concluir antes del 11 de marzo próximo, cuando deje La Moneda. “Estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva”, dijo el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Además del titular de Justicia, firmaron el decreto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, todos a cargo de impulsar las coordinaciones institucionales necesarias para la expropiación. “Esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión”, señaló Montes. “Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estad o se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, subrayó por su parte Figueroa. Los actuales habitantes de Villa Baviera, nombre actual del asentamiento fundado en 1961, si bien “no se oponen” a la creación de un sitio de memoria, insisten en que el proceso está pasando “por encima” de su comunidad, siendo “nuevamente vulnerados como chilenos y víctimas”. “ Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron en un comunicado. “Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno (…) En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada ”, denunciaron. En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados y que hoy en día aún siguen desaparecidas. Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión del país después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo de Defensa del Estado que la actuación de ProCultura no se ajustó a la naturaleza jurídica de una Fundación y descuidó su objeto social. El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ha solicitado la disolución definitiva de la fundación ProCultura, creada por Alberto Larraín, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales colaboradores. Según lo revelado por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) después de un estudio administrativo realizado por el ministro Jaime Gajardo. La determinación se tomó luego de que la fundación no respondiera a los requerimientos del Ministerio de Justicia ni a las visitas a los domicilios registrados a nombre de los responsables de ProCultura. En el marco de esta solicitud al CDE, también se señaló que la organización habría desviado fondos públicos destinados a programas para pagar sueldos a sus miembros. Se detalló que entre 2018 y 2022, solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante se destinó a remuneraciones. Por lo tanto, se consideró que ProCultura había violado gravemente sus estatutos. Se argumenta que se habría desvirtuado el fin propio de la fundación, entendido como un patrimonio dedicado a un propósito diferente al enriquecimiento personal, con una falta de coherencia entre los objetivos y las actividades realizadas. Además, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Hacienda ha publicado un segundo balance sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, específicamente en la administración central del Estado. Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, los trabajadores involucrados en este escándalo que han sido despedidos por el gobierno llegan a 1468. Además, el número de funcionarios públicos de la administración central implicados en el mal uso de licencias médicas se ha elevado a 8814, con 7926 trabajadores sujetos a sumarios, los cuales, según el ministro Marcel, en la mayoría de los casos todavía estos sumarios están en desarrollo. Mario Marcel señaló que los funcionarios se concentran principalmente en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y destacó que es muy probable que haya un número importante de funcionarios que salieron en atención a que se iniciaron los sumarios. Sin embargo, enfatizó que el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, informó que considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se impartirá sumarios recibieron $10 938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia. Asimismo, señaló que la duración promedio de estas licencias médicas es de 18,9 días. En cuanto a la validación de antecedentes durante la etapa investigativa, el ministro Marcel mencionó que es necesario solicitar por oficio la certificación oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) en relación con la fecha de entrada y salida del país. Hasta el jueves 26 de junio, la PDI informó que ha recibido alrededor de 1500 solicitudes por parte de los servicios públicos de la administración central del Estado, habiendo respondido un 58% hasta la fecha. Fuente: Publimetro
la firma del decreto de expropiación de terrenos en Colonia Dignidad será concretada durante este mes. El anuncio responde a un compromiso adquirido por el Ejecutivo en la Cuenta Pública del año pasado, en que se informó el inicio del proceso administrativo para la expropiación de áreas de la ex Colonia Dignidad —actual Villa Baviera— declaradas monumentos históricos por su vínculo con violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar. 🔎 El terreno a expropiar comprende 166 hectáreas, en las que existen recintos identificados judicialmente como lugares de detención ilegal, tortura, inhumación y exhumación de cuerpos. Todo ello fue llevado a cabo en coordinación con Paul Schäfer y jerarcas alemanes al servicio del régimen de Pinochet. El presidente Boric expresó: En marzo anunciamos el plan de expropiación de terrenos de Colonia Dignidad y puedo informar al país que su decreto estará listo este mes, cumpliendo con el compromiso adquirido (...) Sin ustedes, sus luchas, sus desgarradores recuerdos y sus llamados a la memoria, no estaríamos hoy aquí presentes. Desde el mundo político y de los derechos humanos, las reacciones fueron positivas. El diputado y abogado de DD.HH. Roberto Celedón afirmó que este lugar será el sitio de memoria más grande de Chile y resaltó la responsabilidad histórica de los colonos alemanes en las violaciones cometidas. Por su parte, la presidenta de la Asociación por la Memoria Colonia Dignidad, Margarita Romero, celebró el anuncio señalando que se trata de una decisión largamente esperada y destacó la disposición del colectivo a colaborar con las instituciones del Estado para el desarrollo del sitio de memoria. El 22 de mayo pasado, diversas organizaciones entregaron al Gobierno una propuesta formal para avanzar en la puesta en valor del lugar, que incluye medidas como: Creación de un consejo resolutivo con participación de la sociedad civil. Acceso público inmediato con respaldo estatal. Diagnóstico patrimonial con apoyo técnico. Señalética transitoria e informativa. Desarrollo de un plan integral de gestión patrimonial con enfoque en derechos humanos. Este hito representa un paso concreto en la reparación simbólica y la conservación de la memoria histórica del país.
A veces se generan tensiones entre las instituciones, comentó este miércoles el Presidente Gabriel Boric a la prensa, acompañado del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El Mandatario se dejó ver con el persecutor en la Cuenta Pública del Ministerio Público y vertió unas palabras de conciliación tras días marcados por la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno. Valencia de hecho, hizo un guiño al Mandatario, al relevar el mejoramiento de la Fiscalía Regional de Magallanes, algo que el aludido correspondió con una sonrisa entre la audiencia. La controversia vino a partir de la filtración de una conversación del exasesor de Presidencia, Miguel Crispi, que era parte de la escucha telefónica que solicitó el fiscal Patricio Cooper hacia el frenteamplista por el caso Procultura. La incomodidad de La Moneda escaló con la información de una solicitud que el mismo persecutor hizo para interceptar el teléfono del Presidente. Si bien tribunales desestimó la medida, la ministra Aisén Etcheverry emplazó a la fiscalía a aclarar la veracidad del requerimiento. Estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los recuerdos que sean necesarios, dijo la ministra este lunes, en una vocería hecha pasadas las 19:00 horas. ... Fuente: Emol
