Desde el Aeródromo de Tobalaba, en la comuna de La Reina, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la acusación constitucional que el lunes fue presentada en su contra por el Partido Republicano, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Esta acción se concretó luego de que el partido fundado por José Antonio Kast le diera un ultimátum de 72 horas para renunciar, tras la dimisión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien enfrentaba un proceso judicial en base al Criterio Tohá. Ante esto, la ministra dejó en claro que no se prestará para confrontaciones políticas:Por más que se diga lo que se diga, a mí no me van a hacer pelear con la acusación constitucional, afirmó. Además, subrayó quela pelea del gobierno y de los chilenos está en otra parte: contra la inseguridad, la violencia y los delitos. Asimismo, Tohá también destacó que los ciudadanosdeben estar muy cansados de vernos en este tipo de peleas, y abogó por la necesidad de trabajar de manera unida, como se ha logrado con iniciativas legislativas como la ley de las 40 horas, Papito Corazón y el Royalty. Finalmente, señaló que su equipo legal, encabezado por un abogado ya designado, se encargará de responder a los requerimientos del proceso parlamentario, mientras el Ministerio del Interior continuará enfocado en las tareas de seguridad que le corresponden.
El Gobierno chileno ingresó anoche un ambicioso proyecto de reforma al sistema privado de salud a través de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la ley corta. La iniciativa, que se centra en la eliminación de las preexistencias, va más allá al proponer la creación de unPlan Común de Salud que unificará los planes ofrecidos por las Isapres, garantizando que todos los afiliados paguen una tarifa plana, sin distinciones por riesgos individuales. Ante esto, la actual tabla de factores, que permite a las Isapres ajustar las tarifas según el perfil de riesgo de cada afiliado, se mantendrá solo para quienes decidan no migrar al nuevo plan. Sin embargo, todos los nuevos contratos deberán ajustarse a la nueva normativa. Esta reforma buscagarantizar igualdad de condiciones para todos los afiliados, asegurando que las prestaciones incluyan los beneficios actualmente cubiertos por Fonasa y las Garantías Explícitas en Salud (GES), así como cobertura para enfermedades catastróficas (CAEC) y atención de urgencias. Asimismo, el proyecto también destaca la necesidad de eliminar la declaración de preexistencias, que ha sido utilizada como un mecanismo restrictivo por parte de las Isapres, limitando el acceso de los afiliados y su movilidad entre instituciones. De esta manera, se prohibirá que las Isapres restrinjan la afiliación basándose en condiciones de salud preexistentes. Ahora bien, para mitigar los riesgos financieros que podrían enfrentar las Isapres al admitir a personas con altos costos de salud, el proyecto establece la obligación de contratar reaseguros. La implementación de estos cambios será gradual, con un período de adaptación de hasta doce meses, permitiendo a los actuales afiliados mantener sus planes, mientras que todos los nuevos deberán optar por el Plan Común de Salud. Finalmente, la transición estará supervisada por el Gobierno, que busca asegurar una mejor calidad de atención y acceso a la salud para la población, especialmente para las personas mayores y los enfermos crónicos.
En una sesión de la comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que el gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos, el cual ha permanecido en discusión en la Cámara Alta durante los últimos tres años. Aguilera destacó que esta iniciativa ha sido priorizada por el Presidente Gabriel Boric, quien la incluyó en su agenda legislativa durante la Cuenta Pública de junio de 2024. A pesar de que el Mandatario no había especificado una fecha para su discusión, la ministra indicó que el proyecto podría ser ingresado a la comisión en el transcurso de esta semana. La eutanasia efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana, afirmó Aguilera, enfatizando que, junto a esta iniciativa, se discutirá también la ley integral de salud mental. Además, la ministra subrayó que en el Ministerio de Salud existen tres grandes prioridades legislativas: los tiempos de espera en atención médica, la salud mental, y las reformas necesarias a raíz de las sentencias de la Corte Suprema, como la ley corta de isapres. Finalmente, el impulso a la discusión de la eutanasia se produce tras una carta de Susana Moreira, una mujer con distrofia muscular que solicitó al Presidente una muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente, declaró Boric, quien instó al Congreso a no evadir el debate sobre las necesidades de quienes padecen enfermedades terminales e incurables.
Este miércoles, 11 de septiembre, se cumplen 51 años desde el golpe de Estado de 1973 en Chile, que marcó el inicio de una dictadura militar que duraría 17 años. En conmemoración de esta fecha, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha organizado una serie de actividades que buscan honrar la memoria de las víctimas y reflexionar sobre la importancia de la democracia. Ante esto, el pasado 30 de agosto, el Presidente Boric, junto con miembros de su gobierno, participó en una ceremonia en el Cementerio General por el Día Internacional del Detenido Desaparecido, remarcando la importancia de mantener viva la memoria histórica. Asimismo, el martes se inauguró “El Camino de la Memoria” en el Estadio Nacional, un recorrido simbólico que recuerda el sufrimiento de los prisioneros en ese recinto durante la dictadura. Ahora bien, este 11 de septiembre, el acto central, denominadoActo Conmemorativo Democracia, Siempre, se llevará a cabo en el Palacio de La Moneda cerca del mediodía. Según fuentes de gobierno, la ceremonia serásobria y solemne y contará con la participación de diversas autoridades del Ejecutivo. Además, se realizará un recorrido por el Memorial de Paine para rendir homenaje a las víctimas de la represión. Así también, previo al acto en La Moneda, el Presidente Boric tiene previsto visitar el excentro de tortura y detención “Venda Sexy”, un sitio que en el futuro será entregado como lugar de memoria. Sin embargo, las actividades de este año se diferencian de las del año pasado, cuando se cumplían 50 años del golpe de Estado y hubo una conmemoración más amplia en la Plaza de la Constitución, con la participación de presidentes extranjeros y un minuto de silencio en memoria del bombardeo a La Moneda a las 11:52 horas. Dado lo anterior, la decisión de realizar un evento más austero ha generado críticas desde algunos sectores del oficialismo y organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que la conmemoración ha sido restringida principalmente al ámbito de la seguridad. En respuesta, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la postura del Ejecutivo, afirmando queesto es mucho más que una discusión de seguridad. Esto es la discusión de cómo valoramos nuestra democracia. Además, el Presidente Boric anunció nuevas medidas en materia de memoria histórica, como la presentación de indicaciones para levantar el secreto del Informe Valech y la mejora del Plan Nacional de Búsqueda. También informó que se incrementará el presupuesto para los sitios de memoria en 2025, destacando la importancia de estos espacios para recordar la historia de Chile. No obstante, las declaraciones del Presidente han generado críticas desde la oposición. El diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, acusó a Boric de buscarpolarizar en una fecha tan significativa como el 11 de septiembre. Chile Vamos, por su parte, no tiene actos oficiales planeados, pero el Partido Republicano ha anunciado una campaña digital para promover la reflexión con miras hacia el futuro del país. Finalmente, este 11 de septiembre, Chile recuerda y reflexiona sobre un pasado doloroso, mientras enfrenta desafíos y debates sobre cómo construir una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos para las futuras generaciones.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las recientes revelaciones sobre conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, calificando la situación como unposible tráfico de influencias que pone en riesgo la legitimidad de las instituciones del país.Este tipo de situaciones daña evidentemente la fe pública y la legitimidad de nuestras instituciones, enfatizó Vallejo en una entrevista con Radio Infinita. Ante esto, las conversaciones filtradas sugieren una posible intervención de Hermosilla en el nombramiento de Vivanco, además de una serie de favores cruzados que han encendido las alarmas en el ámbito político y judicial. La vocera de Gobierno manifestó su preocupación y señaló que “ con cada antecedente que vamos conociendo, el caso se torna de aún mayor gravedad”. Asimismo, Vallejo hizo eco de las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, al señalar que esta situación no solo afecta a una institución, sino que “aquí se están tocando varias instituciones, particularmente del sistema de justicia y, más allá incluso, varias de nuestro ordenamiento democrático”. Así también, Camila Vallejo destacó que, en América Latina, Chile es uno de los países peor evaluados en términos de confianza en su sistema de justicia y percepción de igualdad ante la ley. Por ello, la ministra consideró que estos nuevos antecedentes “da cuenta de un posible tráfico de influencias” y lanzó un llamado a que tanto el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivoestén a la altura en demostrar que las instituciones funcionan de manera transparente y eficiente. Dado lo anterior, Vallejo aseguró que el Gobierno está trabajando en acelerar proyectos destinados a fortalecer las capacidades investigativas y sancionatorias en casos de corrupción. En ese sentido, confirmó queestamos en la recta final no solo para que se apruebe el sistema de nombramiento de notarios, sino para presentar en octubre la nueva propuesta de nombramiento en el sistema judicial. La vocera de Gobierno concluyó subrayando la gravedad del caso: “Es severo porque daña evidentemente la fe pública y la legitimidad de nuestras instituciones, y por lo tanto la tarea del sistema político es no quedarse de brazos cruzados y actuar”. Vallejo reiteró que este asunto no es un problema que afecte únicamente a un sector político, sino que compromete la democracia en su conjunto: Todos tenemos que hacernos cargo de tomar cartas en el asunto.
Desde el Aeródromo de Tobalaba, en la comuna de La Reina, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la acusación constitucional que el lunes fue presentada en su contra por el Partido Republicano, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Esta acción se concretó luego de que el partido fundado por José Antonio Kast le diera un ultimátum de 72 horas para renunciar, tras la dimisión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien enfrentaba un proceso judicial en base al Criterio Tohá. Ante esto, la ministra dejó en claro que no se prestará para confrontaciones políticas:Por más que se diga lo que se diga, a mí no me van a hacer pelear con la acusación constitucional, afirmó. Además, subrayó quela pelea del gobierno y de los chilenos está en otra parte: contra la inseguridad, la violencia y los delitos. Asimismo, Tohá también destacó que los ciudadanosdeben estar muy cansados de vernos en este tipo de peleas, y abogó por la necesidad de trabajar de manera unida, como se ha logrado con iniciativas legislativas como la ley de las 40 horas, Papito Corazón y el Royalty. Finalmente, señaló que su equipo legal, encabezado por un abogado ya designado, se encargará de responder a los requerimientos del proceso parlamentario, mientras el Ministerio del Interior continuará enfocado en las tareas de seguridad que le corresponden.
El Gobierno chileno ingresó anoche un ambicioso proyecto de reforma al sistema privado de salud a través de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la ley corta. La iniciativa, que se centra en la eliminación de las preexistencias, va más allá al proponer la creación de unPlan Común de Salud que unificará los planes ofrecidos por las Isapres, garantizando que todos los afiliados paguen una tarifa plana, sin distinciones por riesgos individuales. Ante esto, la actual tabla de factores, que permite a las Isapres ajustar las tarifas según el perfil de riesgo de cada afiliado, se mantendrá solo para quienes decidan no migrar al nuevo plan. Sin embargo, todos los nuevos contratos deberán ajustarse a la nueva normativa. Esta reforma buscagarantizar igualdad de condiciones para todos los afiliados, asegurando que las prestaciones incluyan los beneficios actualmente cubiertos por Fonasa y las Garantías Explícitas en Salud (GES), así como cobertura para enfermedades catastróficas (CAEC) y atención de urgencias. Asimismo, el proyecto también destaca la necesidad de eliminar la declaración de preexistencias, que ha sido utilizada como un mecanismo restrictivo por parte de las Isapres, limitando el acceso de los afiliados y su movilidad entre instituciones. De esta manera, se prohibirá que las Isapres restrinjan la afiliación basándose en condiciones de salud preexistentes. Ahora bien, para mitigar los riesgos financieros que podrían enfrentar las Isapres al admitir a personas con altos costos de salud, el proyecto establece la obligación de contratar reaseguros. La implementación de estos cambios será gradual, con un período de adaptación de hasta doce meses, permitiendo a los actuales afiliados mantener sus planes, mientras que todos los nuevos deberán optar por el Plan Común de Salud. Finalmente, la transición estará supervisada por el Gobierno, que busca asegurar una mejor calidad de atención y acceso a la salud para la población, especialmente para las personas mayores y los enfermos crónicos.
En una sesión de la comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que el gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos, el cual ha permanecido en discusión en la Cámara Alta durante los últimos tres años. Aguilera destacó que esta iniciativa ha sido priorizada por el Presidente Gabriel Boric, quien la incluyó en su agenda legislativa durante la Cuenta Pública de junio de 2024. A pesar de que el Mandatario no había especificado una fecha para su discusión, la ministra indicó que el proyecto podría ser ingresado a la comisión en el transcurso de esta semana. La eutanasia efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana, afirmó Aguilera, enfatizando que, junto a esta iniciativa, se discutirá también la ley integral de salud mental. Además, la ministra subrayó que en el Ministerio de Salud existen tres grandes prioridades legislativas: los tiempos de espera en atención médica, la salud mental, y las reformas necesarias a raíz de las sentencias de la Corte Suprema, como la ley corta de isapres. Finalmente, el impulso a la discusión de la eutanasia se produce tras una carta de Susana Moreira, una mujer con distrofia muscular que solicitó al Presidente una muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente, declaró Boric, quien instó al Congreso a no evadir el debate sobre las necesidades de quienes padecen enfermedades terminales e incurables.
Este miércoles, 11 de septiembre, se cumplen 51 años desde el golpe de Estado de 1973 en Chile, que marcó el inicio de una dictadura militar que duraría 17 años. En conmemoración de esta fecha, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha organizado una serie de actividades que buscan honrar la memoria de las víctimas y reflexionar sobre la importancia de la democracia. Ante esto, el pasado 30 de agosto, el Presidente Boric, junto con miembros de su gobierno, participó en una ceremonia en el Cementerio General por el Día Internacional del Detenido Desaparecido, remarcando la importancia de mantener viva la memoria histórica. Asimismo, el martes se inauguró “El Camino de la Memoria” en el Estadio Nacional, un recorrido simbólico que recuerda el sufrimiento de los prisioneros en ese recinto durante la dictadura. Ahora bien, este 11 de septiembre, el acto central, denominadoActo Conmemorativo Democracia, Siempre, se llevará a cabo en el Palacio de La Moneda cerca del mediodía. Según fuentes de gobierno, la ceremonia serásobria y solemne y contará con la participación de diversas autoridades del Ejecutivo. Además, se realizará un recorrido por el Memorial de Paine para rendir homenaje a las víctimas de la represión. Así también, previo al acto en La Moneda, el Presidente Boric tiene previsto visitar el excentro de tortura y detención “Venda Sexy”, un sitio que en el futuro será entregado como lugar de memoria. Sin embargo, las actividades de este año se diferencian de las del año pasado, cuando se cumplían 50 años del golpe de Estado y hubo una conmemoración más amplia en la Plaza de la Constitución, con la participación de presidentes extranjeros y un minuto de silencio en memoria del bombardeo a La Moneda a las 11:52 horas. Dado lo anterior, la decisión de realizar un evento más austero ha generado críticas desde algunos sectores del oficialismo y organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que la conmemoración ha sido restringida principalmente al ámbito de la seguridad. En respuesta, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la postura del Ejecutivo, afirmando queesto es mucho más que una discusión de seguridad. Esto es la discusión de cómo valoramos nuestra democracia. Además, el Presidente Boric anunció nuevas medidas en materia de memoria histórica, como la presentación de indicaciones para levantar el secreto del Informe Valech y la mejora del Plan Nacional de Búsqueda. También informó que se incrementará el presupuesto para los sitios de memoria en 2025, destacando la importancia de estos espacios para recordar la historia de Chile. No obstante, las declaraciones del Presidente han generado críticas desde la oposición. El diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, acusó a Boric de buscarpolarizar en una fecha tan significativa como el 11 de septiembre. Chile Vamos, por su parte, no tiene actos oficiales planeados, pero el Partido Republicano ha anunciado una campaña digital para promover la reflexión con miras hacia el futuro del país. Finalmente, este 11 de septiembre, Chile recuerda y reflexiona sobre un pasado doloroso, mientras enfrenta desafíos y debates sobre cómo construir una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos para las futuras generaciones.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las recientes revelaciones sobre conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, calificando la situación como unposible tráfico de influencias que pone en riesgo la legitimidad de las instituciones del país.Este tipo de situaciones daña evidentemente la fe pública y la legitimidad de nuestras instituciones, enfatizó Vallejo en una entrevista con Radio Infinita. Ante esto, las conversaciones filtradas sugieren una posible intervención de Hermosilla en el nombramiento de Vivanco, además de una serie de favores cruzados que han encendido las alarmas en el ámbito político y judicial. La vocera de Gobierno manifestó su preocupación y señaló que “ con cada antecedente que vamos conociendo, el caso se torna de aún mayor gravedad”. Asimismo, Vallejo hizo eco de las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, al señalar que esta situación no solo afecta a una institución, sino que “aquí se están tocando varias instituciones, particularmente del sistema de justicia y, más allá incluso, varias de nuestro ordenamiento democrático”. Así también, Camila Vallejo destacó que, en América Latina, Chile es uno de los países peor evaluados en términos de confianza en su sistema de justicia y percepción de igualdad ante la ley. Por ello, la ministra consideró que estos nuevos antecedentes “da cuenta de un posible tráfico de influencias” y lanzó un llamado a que tanto el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivoestén a la altura en demostrar que las instituciones funcionan de manera transparente y eficiente. Dado lo anterior, Vallejo aseguró que el Gobierno está trabajando en acelerar proyectos destinados a fortalecer las capacidades investigativas y sancionatorias en casos de corrupción. En ese sentido, confirmó queestamos en la recta final no solo para que se apruebe el sistema de nombramiento de notarios, sino para presentar en octubre la nueva propuesta de nombramiento en el sistema judicial. La vocera de Gobierno concluyó subrayando la gravedad del caso: “Es severo porque daña evidentemente la fe pública y la legitimidad de nuestras instituciones, y por lo tanto la tarea del sistema político es no quedarse de brazos cruzados y actuar”. Vallejo reiteró que este asunto no es un problema que afecte únicamente a un sector político, sino que compromete la democracia en su conjunto: Todos tenemos que hacernos cargo de tomar cartas en el asunto.
