que advierte sobre más de $33 mil millones en transferencias sin rendición adecuada entre los años 2020 y 2024. Según el gobernador actual, Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), gran parte de estos fondos fueron entregados a fundaciones, corporaciones y entidades privadas sin cumplir los mecanismos legales de justificación. El jefe regional calificó los antecedentes como “una situación insostenible”, señalando directamente a la administración anterior liderada por Cristina Bravo (DC). Por su parte, la exgobernadora Bravo defendió su gestión, acusando un uso político del informe preliminar. Afirmó que existían divisiones técnicas encargadas de revisar las rendiciones y advirtió que el Gobierno Regional debe ser más riguroso al seleccionar entidades receptoras de fondos públicos. Este caso se da en un contexto nacional marcado por una creciente fiscalización sobre los recursos del Estado, y donde la Contraloría ha intensificado su rol de auditoría. Si bien el informe aún no es definitivo, las cifras ya generan preocupación pública y podrían traducirse en sanciones, devoluciones de fondos e incluso eventuales acciones judiciales. La región del Maule queda, por ahora, bajo escrutinio, a la espera de aclaraciones concretas que devuelvan la confianza ciudadana y refuercen la transparencia institucional.
otorgándole un plazo fatal hasta el 19 de junio para remitir un informe detallado y la documentación respectiva en relación con la denuncia presentada por la asistente social Paulina Álvarez Rodríguez. La denunciante alertó a comienzos de abril sobre la existencia de presuntas irregularidades graves en el proceso de aceptación y pago de facturas, por un monto que asciende a $1.156.145.989, las cuales estarían siendo cobradas judicialmente al municipio sin respaldo documental ni reconocimiento por parte de las unidades técnicas. Según Álvarez Rodríguez, las facturas habrían sido emitidas y cobradas por terceros sin aprobación ni conocimiento de las áreas responsables, lo que podría configurar un grave perjuicio al erario municipal. Requerimientos formales a Contraloría La denuncia fue acompañada de solicitudes concretas, entre ellas: Auditoría urgente del proceso de aceptación y pago de facturas Determinación de responsabilidades administrativas Instrucción de sumarios por eventuales faltas a la probidad Evaluación de denuncia al Ministerio Público en caso de detectarse delitos Revisión de los controles internos para prevenir hechos similares La situación adquiere mayor complejidad considerando la existencia de juicios civiles activos en los tribunales de Linares, derivados de estas facturas. Además, la denunciante sostiene que algunos sumarios administrativos internos estarían paralizados, lo que podría derivar en la impunidad de eventuales responsables. Contraloría toma medidasFrente a estos antecedentes, la Contraloría ha instruido al municipio a responder formalmente antes del 19 de junio, remitiendo todos los antecedentes pertinentes para esclarecer si efectivamente existieron prácticas irregulares. De ser así, se activarían los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos eficaces de control interno, trazabilidad documental y validación de pagos en la administración pública. La ciudadanía demanda una gestión basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas.
La situación, que ha generado una ola de críticas desde distintos sectores, se enmarca en un fenómeno nacional que ya supera los 25 mil casos detectados. El informe, difundido por Radio Biobío y replicado por varios medios locales, detalla que en Linares los casos se distribuyen de la siguiente manera: 114 pertenecen al Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) 29 a la Municipalidad de Linares 2 a la Corporación Municipal de Desarrollo Privada La gravedad del hallazgo radica en que los viajes se realizaron durante periodos en que los funcionarios deberían estar imposibilitados de realizar sus labores por motivos de salud, lo que plantea serias dudas sobre el uso indebido de recursos públicos y posibles responsabilidades administrativas o penales. Hasta ahora, la Municipalidad de Linares no ha entregado una declaración oficial. Sin embargo, fuentes internas han señalado que se iniciarán sumarios administrativos y posibles acciones legales para determinar responsabilidades. Además, el informe incluye casos en otras comunas de la provincia de Linares: Yerbas Buenas: 35 casos Villa Alegre: 33 casos DAEM de Colbún: 28 casos Municipalidad de Colbún:25 casos El impacto de esta información se siente tanto a nivel local como nacional, con un creciente llamado desde la ciudadanía a que se tomen medidas ejemplares. La atención está ahora sobre los alcaldes y jefaturas de servicio, quienes deberán decidir si responderán con hechos concretos ante una crisis que ha puesto en entredicho la probidad del servicio público. La comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad y transparencia, restituyendo así la confianza en las instituciones.
La Contraloría General emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a la exministra del Interior de cualquier sanción económica. Este viernes se dio a conocer que Carolina Tohá , exministra del Interior y actual candidata presidencial del PPD, fue exonerada por la Contraloría General de la República en dos juicios de cuentas relacionados con su gestión como alcaldesa de Santiago (2012-2016). En ambos casos, la Fiscalía de la Contraloría intentó vincularla con la responsabilidad civil por daños al patrimonio municipal, pero no logró fundamentar sus acusaciones. El Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a Tohá de cualquier sanción económica, según dio a conocer un reportaje de Radio Biobío . El primer caso corresponde al pago de $195.944.361 en multas e intereses derivados del retraso en el pago de cotizaciones previsionales y salud. El tribunal, sin embargo, exoneró a Tohá al señalar que la demora fue ocasionada por la huelga de profesores, que duró 57 días en 2015, la cual redujo significativamente los recursos disponibles para el municipio. En ese sentido, la instancia judicial descartó que existiera responsabilidad civil en este caso, confirmando que la autoridad municipal no podía disponer de fondos que no había recibido. En el segundo juicio, el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia abordó el uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). La investigación reveló compras y contrataciones sin respaldo adecuado, incluidas tecnologías como pendrives, proyectores y computadoras, para establecimientos educativos que no formaban parte de la subvención. A pesar de que la Fiscalía incluyó a Tohá entre los responsables, el tribunal desestimó las acusaciones en su contra, considerando que la exalcaldesa había ejercido el control jerárquico adecuadamente. No obstante, el tribunal dictó condenas para siete funcionarios municipales quienes fueron responsables del mal uso fondos públicos y deberán pagar más $15 millones por gastos improcedentes y pagos sin respaldo. Fuente: CNN Chile País
que advierte sobre más de $33 mil millones en transferencias sin rendición adecuada entre los años 2020 y 2024. Según el gobernador actual, Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), gran parte de estos fondos fueron entregados a fundaciones, corporaciones y entidades privadas sin cumplir los mecanismos legales de justificación. El jefe regional calificó los antecedentes como “una situación insostenible”, señalando directamente a la administración anterior liderada por Cristina Bravo (DC). Por su parte, la exgobernadora Bravo defendió su gestión, acusando un uso político del informe preliminar. Afirmó que existían divisiones técnicas encargadas de revisar las rendiciones y advirtió que el Gobierno Regional debe ser más riguroso al seleccionar entidades receptoras de fondos públicos. Este caso se da en un contexto nacional marcado por una creciente fiscalización sobre los recursos del Estado, y donde la Contraloría ha intensificado su rol de auditoría. Si bien el informe aún no es definitivo, las cifras ya generan preocupación pública y podrían traducirse en sanciones, devoluciones de fondos e incluso eventuales acciones judiciales. La región del Maule queda, por ahora, bajo escrutinio, a la espera de aclaraciones concretas que devuelvan la confianza ciudadana y refuercen la transparencia institucional.
otorgándole un plazo fatal hasta el 19 de junio para remitir un informe detallado y la documentación respectiva en relación con la denuncia presentada por la asistente social Paulina Álvarez Rodríguez. La denunciante alertó a comienzos de abril sobre la existencia de presuntas irregularidades graves en el proceso de aceptación y pago de facturas, por un monto que asciende a $1.156.145.989, las cuales estarían siendo cobradas judicialmente al municipio sin respaldo documental ni reconocimiento por parte de las unidades técnicas. Según Álvarez Rodríguez, las facturas habrían sido emitidas y cobradas por terceros sin aprobación ni conocimiento de las áreas responsables, lo que podría configurar un grave perjuicio al erario municipal. Requerimientos formales a Contraloría La denuncia fue acompañada de solicitudes concretas, entre ellas: Auditoría urgente del proceso de aceptación y pago de facturas Determinación de responsabilidades administrativas Instrucción de sumarios por eventuales faltas a la probidad Evaluación de denuncia al Ministerio Público en caso de detectarse delitos Revisión de los controles internos para prevenir hechos similares La situación adquiere mayor complejidad considerando la existencia de juicios civiles activos en los tribunales de Linares, derivados de estas facturas. Además, la denunciante sostiene que algunos sumarios administrativos internos estarían paralizados, lo que podría derivar en la impunidad de eventuales responsables. Contraloría toma medidasFrente a estos antecedentes, la Contraloría ha instruido al municipio a responder formalmente antes del 19 de junio, remitiendo todos los antecedentes pertinentes para esclarecer si efectivamente existieron prácticas irregulares. De ser así, se activarían los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos eficaces de control interno, trazabilidad documental y validación de pagos en la administración pública. La ciudadanía demanda una gestión basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas.
La situación, que ha generado una ola de críticas desde distintos sectores, se enmarca en un fenómeno nacional que ya supera los 25 mil casos detectados. El informe, difundido por Radio Biobío y replicado por varios medios locales, detalla que en Linares los casos se distribuyen de la siguiente manera: 114 pertenecen al Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) 29 a la Municipalidad de Linares 2 a la Corporación Municipal de Desarrollo Privada La gravedad del hallazgo radica en que los viajes se realizaron durante periodos en que los funcionarios deberían estar imposibilitados de realizar sus labores por motivos de salud, lo que plantea serias dudas sobre el uso indebido de recursos públicos y posibles responsabilidades administrativas o penales. Hasta ahora, la Municipalidad de Linares no ha entregado una declaración oficial. Sin embargo, fuentes internas han señalado que se iniciarán sumarios administrativos y posibles acciones legales para determinar responsabilidades. Además, el informe incluye casos en otras comunas de la provincia de Linares: Yerbas Buenas: 35 casos Villa Alegre: 33 casos DAEM de Colbún: 28 casos Municipalidad de Colbún:25 casos El impacto de esta información se siente tanto a nivel local como nacional, con un creciente llamado desde la ciudadanía a que se tomen medidas ejemplares. La atención está ahora sobre los alcaldes y jefaturas de servicio, quienes deberán decidir si responderán con hechos concretos ante una crisis que ha puesto en entredicho la probidad del servicio público. La comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad y transparencia, restituyendo así la confianza en las instituciones.
La Contraloría General emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a la exministra del Interior de cualquier sanción económica. Este viernes se dio a conocer que Carolina Tohá , exministra del Interior y actual candidata presidencial del PPD, fue exonerada por la Contraloría General de la República en dos juicios de cuentas relacionados con su gestión como alcaldesa de Santiago (2012-2016). En ambos casos, la Fiscalía de la Contraloría intentó vincularla con la responsabilidad civil por daños al patrimonio municipal, pero no logró fundamentar sus acusaciones. El Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a Tohá de cualquier sanción económica, según dio a conocer un reportaje de Radio Biobío . El primer caso corresponde al pago de $195.944.361 en multas e intereses derivados del retraso en el pago de cotizaciones previsionales y salud. El tribunal, sin embargo, exoneró a Tohá al señalar que la demora fue ocasionada por la huelga de profesores, que duró 57 días en 2015, la cual redujo significativamente los recursos disponibles para el municipio. En ese sentido, la instancia judicial descartó que existiera responsabilidad civil en este caso, confirmando que la autoridad municipal no podía disponer de fondos que no había recibido. En el segundo juicio, el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia abordó el uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). La investigación reveló compras y contrataciones sin respaldo adecuado, incluidas tecnologías como pendrives, proyectores y computadoras, para establecimientos educativos que no formaban parte de la subvención. A pesar de que la Fiscalía incluyó a Tohá entre los responsables, el tribunal desestimó las acusaciones en su contra, considerando que la exalcaldesa había ejercido el control jerárquico adecuadamente. No obstante, el tribunal dictó condenas para siete funcionarios municipales quienes fueron responsables del mal uso fondos públicos y deberán pagar más $15 millones por gastos improcedentes y pagos sin respaldo. Fuente: CNN Chile País
