La Fiscalía Nacional decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa de Luis Hermosilla para inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco del caso audios. La defensa del abogado basó su petición en una serie de chats entre Parra y Hermosilla, que, según ellos, comprometerían laobjetividad e imparcialidad de la persecutora. El hermano de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, señaló que dichos mensajes mostraban que Parra había enviado su currículum a Luis Hermosilla mientras se encontraba en campaña para ser fiscal regional. Además, la defensa acusó que Parra solicitó apoyo para Marta Herrera, su amiga personal, en su postulación a fiscal nacional en diciembre de 2022. Pese a los argumentos presentados, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, rechazó la solicitud, afirmando que, por el momento, no existen antecedentes suficientes que fundamenten una inhabilidad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la decisión si la defensa presenta nuevas pruebas que respalden sus alegaciones bajo los términos del artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El debate sobre la relación entre Parra y Hermosilla cobró mayor relevancia tras la emisión de un reportaje en Chilevisión, en el cual se detallaron conversaciones entre ambos desde 2019 hasta 2022. Dicho reportaje reveló solicitudes de la fiscal Parra a Hermosilla para influir en ministros de la Corte de Apelaciones en favor de su candidatura a fiscal regional. Por su parte, Parra defendió sus acciones en una entrevista previa con TVN, argumentando queel sistema funciona así, y que era común que los postulantes a cargos judiciales enviaran sus currículums y pidieran respaldo para ser considerados. Finalmente, el caso sigue en desarrollo, mientras la defensa de Hermosilla evalúa los próximos pasos a seguir.
La investigación del Caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla, sigue sumando nuevas aristas judiciales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante, solicitó el acceso a los chats extraídos del teléfono de Hermosilla que puedan estar relacionados con funcionarios públicos. La petición fue hecha el pasado 12 de septiembre por su presidente, Raúl Letelier, ante el fiscal nacional, Ángel Valencia. Esta semana, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, dio luz verde a la solicitud, lo que permitirá al CDE revisar los mensajes que involucren a funcionarios públicos en investigaciones abiertas. Entre los nombres que se destacan en estos chats estarían la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quienes ya enfrentan indagatorias lideradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Ante esto, la entrega de estos mensajes podría dar paso a nuevas querellas si se encontraran pruebas de delitos. El pasado 4 de septiembre, la Fiscalía entregó a la defensa de Hermosilla las 770 mil páginas de registros extraídas de su teléfono. Hasta el momento, solo se ha revisado un 20% del contenido, debido a la dificultad de identificar qué información es confidencial y qué podría ser de interés público. En paralelo, la defensa de Hermosilla está a la espera de que el fiscal nacional decida sobre la solicitud para reemplazar a la fiscal Lorena Parra en la investigación, tras revelarse chats que implican una posible solicitud de reunión con la ex jefa anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera. Finalmente, la próxima fase del caso podría exponer las conexiones de Hermosilla con otros jueces, fiscales y figuras políticas, ampliando aún más el alcance de esta investigación que ya ha sacudido a las altas esferas del poder judicial en Chile.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este viernes mantener la prisión preventiva de María Leonarda Villalobos, negando la solicitud de su defensa, que argumentaba falta de seguridad para la imputada en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde cumple la medida cautelar desde el 27 de agosto. La defensa, encabezada por la abogada Alejandra Borda, presentó un escrito señalando que su clienta había sido amenazada de muerte, y que el sistema penitenciario no podía garantizar su integridad física y emocional. “Nos consta que Gendarmería ha hecho todo lo posible, pero el sistema carece de las herramientas necesarias para asegurar su protección total”, sostuvo Borda. A pesar de estas denuncias, la fiscal Lorena Parra informó que el tribunal, presidido por la magistrada Estefanía Asenjo, decidió mantener la prisión preventiva, aunque ordenó reforzar las medidas de seguridad para Villalobos dentro del penal. Asimismo, sugirió su traslado al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en un intento de mejorar las condiciones de seguridad para la imputada. Por su parte, la defensa consideró que, si bien no lograron el cambio de medida cautelar, el reconocimiento de discriminación en los recintos penitenciarios por parte de la magistrada es un avance importante en su lucha. Villalobos está acusada de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, delitos por los cuales también fue imputado el abogado Luis Hermosilla. La magistrada Mariana Leyton, en la audiencia de formalización, sostuvo que su libertad representaba un peligro para la sociedad, por lo que ordenó su ingreso a prisión. Finalmente, el caso sigue generando controversia, y la defensa de Villalobos adelantó que seguirán buscando un cambio en las medidas cautelares impuestas.
El Ministerio Público ha suspendido al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra relacionadas con el llamadocaso Audio. Palma enfrenta dos causas: una por omisión de denuncia y otra por violación de secreto, debido a conversaciones que mantenía con el abogado imputado, Luis Hermosilla, quien se encuentra bajo prisión preventiva. Los cargos provienen de una serie de chats entre Palma y Hermosilla, en los que se discutían posibles favores políticos y la filtración de información sensible. Entre las acusaciones, destaca un pantallazo que Palma habría enviado a Hermosilla, en el cual se revelaría que Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de la suspendida ministra Ángela Vivanco, le ofreció beneficios a cambio de apoyar a José Morales como candidato a fiscal nacional. Asimismo, se investiga a Palma por el envío de un archivo de audio, supuestamente confidencial, a Hermosilla. Sin embargo, la defensa de Palma argumenta que dicho archivo ya era público al haberse presentado en una audiencia de formalización. A pesar de los intentos de su abogado por sobreseer las causas, las investigaciones siguen en curso.
Antonio Jalaff, exaccionista del Grupo Patio, se presentó esta mañana en la Fiscalía Local de Las Condes para declarar en calidad de imputado en el marco de las investigaciones por los casos Factop y Audio. La comparecencia del empresario fue solicitada por su propio equipo de abogados y por él mismo, con el fin de esclarecer su situación en los procesos legales en curso. Ante esto, Jalaff arribó a la Fiscalía Oriente a las 10 de la mañana, acompañado de su equipo legal. Después de casi cinco horas de declaración, alrededor de las tres de la tarde, abandonó el lugar sin emitir declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en las afueras de la sede fiscal. Asimismo, el nombre de Antonio Jalaff, junto con el de su hermano Álvaro Jalaff, ha sido mencionado en diversas oportunidades en el contexto del esquema delictual de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, así como de Rodrigo Topelberg, relacionado con el caso Factop. Ambos hermanos Jalaff han sido apuntados como los principales beneficiarios de estas operaciones fraudulentas. Así también, los Jalaff fueron mencionados en un polémico audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, actualmente en prisión preventiva, al igual que el abogado Luis Hermosilla. Villalobos, en su declaración, implicó a diversas personas en las operaciones irregulares investigadas, lo que ha generado un mayor interés en la figura de los hermanos Jalaff en este entramado judicial. Finalmente, el silencio de Antonio Jalaff al abandonar la Fiscalía deja en suspenso su postura ante los cargos que se le imputan, mientras las investigaciones siguen su curso en el ámbito judicial.
La Fiscalía Nacional decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa de Luis Hermosilla para inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco del caso audios. La defensa del abogado basó su petición en una serie de chats entre Parra y Hermosilla, que, según ellos, comprometerían laobjetividad e imparcialidad de la persecutora. El hermano de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, señaló que dichos mensajes mostraban que Parra había enviado su currículum a Luis Hermosilla mientras se encontraba en campaña para ser fiscal regional. Además, la defensa acusó que Parra solicitó apoyo para Marta Herrera, su amiga personal, en su postulación a fiscal nacional en diciembre de 2022. Pese a los argumentos presentados, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, rechazó la solicitud, afirmando que, por el momento, no existen antecedentes suficientes que fundamenten una inhabilidad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la decisión si la defensa presenta nuevas pruebas que respalden sus alegaciones bajo los términos del artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El debate sobre la relación entre Parra y Hermosilla cobró mayor relevancia tras la emisión de un reportaje en Chilevisión, en el cual se detallaron conversaciones entre ambos desde 2019 hasta 2022. Dicho reportaje reveló solicitudes de la fiscal Parra a Hermosilla para influir en ministros de la Corte de Apelaciones en favor de su candidatura a fiscal regional. Por su parte, Parra defendió sus acciones en una entrevista previa con TVN, argumentando queel sistema funciona así, y que era común que los postulantes a cargos judiciales enviaran sus currículums y pidieran respaldo para ser considerados. Finalmente, el caso sigue en desarrollo, mientras la defensa de Hermosilla evalúa los próximos pasos a seguir.
La investigación del Caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla, sigue sumando nuevas aristas judiciales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante, solicitó el acceso a los chats extraídos del teléfono de Hermosilla que puedan estar relacionados con funcionarios públicos. La petición fue hecha el pasado 12 de septiembre por su presidente, Raúl Letelier, ante el fiscal nacional, Ángel Valencia. Esta semana, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, dio luz verde a la solicitud, lo que permitirá al CDE revisar los mensajes que involucren a funcionarios públicos en investigaciones abiertas. Entre los nombres que se destacan en estos chats estarían la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quienes ya enfrentan indagatorias lideradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Ante esto, la entrega de estos mensajes podría dar paso a nuevas querellas si se encontraran pruebas de delitos. El pasado 4 de septiembre, la Fiscalía entregó a la defensa de Hermosilla las 770 mil páginas de registros extraídas de su teléfono. Hasta el momento, solo se ha revisado un 20% del contenido, debido a la dificultad de identificar qué información es confidencial y qué podría ser de interés público. En paralelo, la defensa de Hermosilla está a la espera de que el fiscal nacional decida sobre la solicitud para reemplazar a la fiscal Lorena Parra en la investigación, tras revelarse chats que implican una posible solicitud de reunión con la ex jefa anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera. Finalmente, la próxima fase del caso podría exponer las conexiones de Hermosilla con otros jueces, fiscales y figuras políticas, ampliando aún más el alcance de esta investigación que ya ha sacudido a las altas esferas del poder judicial en Chile.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este viernes mantener la prisión preventiva de María Leonarda Villalobos, negando la solicitud de su defensa, que argumentaba falta de seguridad para la imputada en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde cumple la medida cautelar desde el 27 de agosto. La defensa, encabezada por la abogada Alejandra Borda, presentó un escrito señalando que su clienta había sido amenazada de muerte, y que el sistema penitenciario no podía garantizar su integridad física y emocional. “Nos consta que Gendarmería ha hecho todo lo posible, pero el sistema carece de las herramientas necesarias para asegurar su protección total”, sostuvo Borda. A pesar de estas denuncias, la fiscal Lorena Parra informó que el tribunal, presidido por la magistrada Estefanía Asenjo, decidió mantener la prisión preventiva, aunque ordenó reforzar las medidas de seguridad para Villalobos dentro del penal. Asimismo, sugirió su traslado al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en un intento de mejorar las condiciones de seguridad para la imputada. Por su parte, la defensa consideró que, si bien no lograron el cambio de medida cautelar, el reconocimiento de discriminación en los recintos penitenciarios por parte de la magistrada es un avance importante en su lucha. Villalobos está acusada de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, delitos por los cuales también fue imputado el abogado Luis Hermosilla. La magistrada Mariana Leyton, en la audiencia de formalización, sostuvo que su libertad representaba un peligro para la sociedad, por lo que ordenó su ingreso a prisión. Finalmente, el caso sigue generando controversia, y la defensa de Villalobos adelantó que seguirán buscando un cambio en las medidas cautelares impuestas.
El Ministerio Público ha suspendido al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra relacionadas con el llamadocaso Audio. Palma enfrenta dos causas: una por omisión de denuncia y otra por violación de secreto, debido a conversaciones que mantenía con el abogado imputado, Luis Hermosilla, quien se encuentra bajo prisión preventiva. Los cargos provienen de una serie de chats entre Palma y Hermosilla, en los que se discutían posibles favores políticos y la filtración de información sensible. Entre las acusaciones, destaca un pantallazo que Palma habría enviado a Hermosilla, en el cual se revelaría que Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de la suspendida ministra Ángela Vivanco, le ofreció beneficios a cambio de apoyar a José Morales como candidato a fiscal nacional. Asimismo, se investiga a Palma por el envío de un archivo de audio, supuestamente confidencial, a Hermosilla. Sin embargo, la defensa de Palma argumenta que dicho archivo ya era público al haberse presentado en una audiencia de formalización. A pesar de los intentos de su abogado por sobreseer las causas, las investigaciones siguen en curso.
Antonio Jalaff, exaccionista del Grupo Patio, se presentó esta mañana en la Fiscalía Local de Las Condes para declarar en calidad de imputado en el marco de las investigaciones por los casos Factop y Audio. La comparecencia del empresario fue solicitada por su propio equipo de abogados y por él mismo, con el fin de esclarecer su situación en los procesos legales en curso. Ante esto, Jalaff arribó a la Fiscalía Oriente a las 10 de la mañana, acompañado de su equipo legal. Después de casi cinco horas de declaración, alrededor de las tres de la tarde, abandonó el lugar sin emitir declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en las afueras de la sede fiscal. Asimismo, el nombre de Antonio Jalaff, junto con el de su hermano Álvaro Jalaff, ha sido mencionado en diversas oportunidades en el contexto del esquema delictual de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, así como de Rodrigo Topelberg, relacionado con el caso Factop. Ambos hermanos Jalaff han sido apuntados como los principales beneficiarios de estas operaciones fraudulentas. Así también, los Jalaff fueron mencionados en un polémico audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, actualmente en prisión preventiva, al igual que el abogado Luis Hermosilla. Villalobos, en su declaración, implicó a diversas personas en las operaciones irregulares investigadas, lo que ha generado un mayor interés en la figura de los hermanos Jalaff en este entramado judicial. Finalmente, el silencio de Antonio Jalaff al abandonar la Fiscalía deja en suspenso su postura ante los cargos que se le imputan, mientras las investigaciones siguen su curso en el ámbito judicial.
