expresando su profunda preocupación por la crítica situación financiera que atraviesa el Departamento Comunal de Salud debido a traspasos comprometidos por la Municipalidad que no han sido cumplidos. Según lo detallado por AFUSAM, la deuda total alcanza los $2.237.000.000, suma que no ha sido incluida en el presupuesto municipal aprobado para 2025, lo que contradice las afirmaciones de la administración respecto a una supuesta normalización financiera. Los principales puntos de la deuda incluyen: $95 millones por traspasos no realizados en 2024. $60 millones por compromisos del convenio de Universalización de la Salud (2024–2025). $320 millones para el funcionamiento del SAR San Juan de Dios en horario extendido. $424 millones por procesos de calificación no ejecutados desde 2021. $130 millones por uniformes adeudados a funcionarias y funcionarios. $200 millones de déficit respecto a un compromiso presupuestario de $600 millones para 2025. $8 millones por montos no transferidos para capacitación. Además, se señala el uso indebido de recursos per cápita del Ministerio de Salud para cubrir gastos estructurales, lo que vulnera normativas ministeriales. Esto incluye aproximadamente: $700 millones usados para sostener el SAR sin respaldo presupuestario. $300 millones o más utilizados en la Farmacia Comunitaria, cuyo financiamiento no fue adecuadamente regularizado. También se alertó sobre proyectos comprometidos en 2024 que no se ejecutaron ni fueron reincorporados en el presupuesto 2025, tales como mejoras en CESFAM y postas rurales. AFUSAM solicita al municipio una respuesta formal y urgente, que permita clarificar cómo se abordará el pago de esta millonaria deuda que afecta directamente la calidad del servicio, las condiciones laborales y el derecho a la salud de toda la comunidad de Linares.
en el marco de la investigación que lidera la Fiscalía por presunto fraude al fisco. Pese a esta resolución, el proceso judicial continúa abierto y mantiene como imputados a Meza y a una decena de personas más, entre ellos funcionarios municipales y particulares, quienes son investigados por eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos. La decisión judicial no implica el cierre del caso ni la absolución de responsabilidades, sino que responde a una evaluación de las medidas cautelares vigentes. La Fiscalía seguirá adelante con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales, si corresponde. Esta causa ha generado alta atención pública debido a la envergadura de los recursos involucrados y el impacto político local. Se espera que en las próximas semanas se desarrollen nuevas instancias judiciales relacionadas con este proceso.
Una fuerte controversia se ha generado entre el alcalde de Linares, Mario Meza, y el diputado Jaime Naranjo, a raíz del incierto futuro del proyecto habitacional proyectado en los terrenos de la ex planta IANSA. El jefe comunal sostuvo que no hay ninguna promesa de compraventa formal entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la empresa, pese a que han pasado casi tres años desde la consulta ciudadana de 2022. Aseguró que IANSA ya vendió cinco hectáreas y ahora busca vender el resto al mercado privado, agregando que el ministro Carlos Montes le habría informado que no existen fondos disponibles para la compra. En respuesta, el diputado Naranjo negó esas afirmaciones y acusó al alcalde de tergiversar la información, señalando que los recursos para adquirir el terreno sí están reservados por FOINSA, y que el único obstáculo es un tema legal pendiente que debe resolver la empresa IANSA. Además, el parlamentario criticó duramente al alcalde, aludiendo a un intento de boicotear el proyecto con fines políticos. Finalmente, Naranjo llamó a las familias organizadas en comités de vivienda a confiar en el proceso y les ofreció la opción de retirarse si no comparten la estrategia actual, pidiendo no desviar el foco del trabajo que se está realizando para resolver el déficit habitacional.Más información local, en www.radioancoa.cl y nuestras plataformas digitales.
que mantiene como imputado al alcalde de Linares, Mario Meza, junto a 14 personas más, entre funcionarios municipales y comerciantes locales. La diligencia, solicitada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Linares, tuvo como objetivo solicitar la ampliación del plazo de investigación, en una causa que indaga la presunta compra con sobreprecio de insumos como cloro, test COVID-19 y mascarillas, durante la pandemia. En este caso, actúa como querellante el Consejo de Defensa del Estado, y debido a su complejidad, la investigación se mantiene con carácter reservado. La audiencia es considerada clave en la preparación del eventual juicio oral, instancia en la que se podrían formalizar las imputaciones con mayor claridad. Además, no se descarta que algunos de los involucrados puedan optar por procedimientos abreviados. Esta causa ha generado alto interés público, al tratarse de una presunta malversación de fondos públicos en un contexto sanitario crítico.
expresando su profunda preocupación por la crítica situación financiera que atraviesa el Departamento Comunal de Salud debido a traspasos comprometidos por la Municipalidad que no han sido cumplidos. Según lo detallado por AFUSAM, la deuda total alcanza los $2.237.000.000, suma que no ha sido incluida en el presupuesto municipal aprobado para 2025, lo que contradice las afirmaciones de la administración respecto a una supuesta normalización financiera. Los principales puntos de la deuda incluyen: $95 millones por traspasos no realizados en 2024. $60 millones por compromisos del convenio de Universalización de la Salud (2024–2025). $320 millones para el funcionamiento del SAR San Juan de Dios en horario extendido. $424 millones por procesos de calificación no ejecutados desde 2021. $130 millones por uniformes adeudados a funcionarias y funcionarios. $200 millones de déficit respecto a un compromiso presupuestario de $600 millones para 2025. $8 millones por montos no transferidos para capacitación. Además, se señala el uso indebido de recursos per cápita del Ministerio de Salud para cubrir gastos estructurales, lo que vulnera normativas ministeriales. Esto incluye aproximadamente: $700 millones usados para sostener el SAR sin respaldo presupuestario. $300 millones o más utilizados en la Farmacia Comunitaria, cuyo financiamiento no fue adecuadamente regularizado. También se alertó sobre proyectos comprometidos en 2024 que no se ejecutaron ni fueron reincorporados en el presupuesto 2025, tales como mejoras en CESFAM y postas rurales. AFUSAM solicita al municipio una respuesta formal y urgente, que permita clarificar cómo se abordará el pago de esta millonaria deuda que afecta directamente la calidad del servicio, las condiciones laborales y el derecho a la salud de toda la comunidad de Linares.
en el marco de la investigación que lidera la Fiscalía por presunto fraude al fisco. Pese a esta resolución, el proceso judicial continúa abierto y mantiene como imputados a Meza y a una decena de personas más, entre ellos funcionarios municipales y particulares, quienes son investigados por eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos. La decisión judicial no implica el cierre del caso ni la absolución de responsabilidades, sino que responde a una evaluación de las medidas cautelares vigentes. La Fiscalía seguirá adelante con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales, si corresponde. Esta causa ha generado alta atención pública debido a la envergadura de los recursos involucrados y el impacto político local. Se espera que en las próximas semanas se desarrollen nuevas instancias judiciales relacionadas con este proceso.
Una fuerte controversia se ha generado entre el alcalde de Linares, Mario Meza, y el diputado Jaime Naranjo, a raíz del incierto futuro del proyecto habitacional proyectado en los terrenos de la ex planta IANSA. El jefe comunal sostuvo que no hay ninguna promesa de compraventa formal entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la empresa, pese a que han pasado casi tres años desde la consulta ciudadana de 2022. Aseguró que IANSA ya vendió cinco hectáreas y ahora busca vender el resto al mercado privado, agregando que el ministro Carlos Montes le habría informado que no existen fondos disponibles para la compra. En respuesta, el diputado Naranjo negó esas afirmaciones y acusó al alcalde de tergiversar la información, señalando que los recursos para adquirir el terreno sí están reservados por FOINSA, y que el único obstáculo es un tema legal pendiente que debe resolver la empresa IANSA. Además, el parlamentario criticó duramente al alcalde, aludiendo a un intento de boicotear el proyecto con fines políticos. Finalmente, Naranjo llamó a las familias organizadas en comités de vivienda a confiar en el proceso y les ofreció la opción de retirarse si no comparten la estrategia actual, pidiendo no desviar el foco del trabajo que se está realizando para resolver el déficit habitacional.Más información local, en www.radioancoa.cl y nuestras plataformas digitales.
que mantiene como imputado al alcalde de Linares, Mario Meza, junto a 14 personas más, entre funcionarios municipales y comerciantes locales. La diligencia, solicitada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Linares, tuvo como objetivo solicitar la ampliación del plazo de investigación, en una causa que indaga la presunta compra con sobreprecio de insumos como cloro, test COVID-19 y mascarillas, durante la pandemia. En este caso, actúa como querellante el Consejo de Defensa del Estado, y debido a su complejidad, la investigación se mantiene con carácter reservado. La audiencia es considerada clave en la preparación del eventual juicio oral, instancia en la que se podrían formalizar las imputaciones con mayor claridad. Además, no se descarta que algunos de los involucrados puedan optar por procedimientos abreviados. Esta causa ha generado alto interés público, al tratarse de una presunta malversación de fondos públicos en un contexto sanitario crítico.
