El caso fue denunciado inicialmente por Paulina Álvarez Rodríguez, quien alertó sobre facturas factorizadas actualmente en cobro judicial. El municipio sostuvo que muchas de ellas se originan en órdenes de compra inexistentes, ya pagadas o con servicios genéricos que no permiten trazabilidad. Frente a esta situación, la municipalidad presentó en 2024 y 2025 denuncias y querellas ante el Ministerio Público de Linares, agrupadas en la causa penal RUC 241189363-5, que investiga eventuales delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso de documento mercantil y estafa. Asimismo, mediante el decreto exento N° 4331 (22 de agosto de 2024), se instruyó un sumario administrativo a cargo del abogado Sergio Corvalán Méndez, el cual aún permanece en etapa indagatoria. La contralora regional, Roxana Núñez, advirtió una excesiva demora en la tramitación del procedimiento disciplinario, e instruyó al municipio acelerar las diligencias para concluirlo “a la brevedad”, informando los resultados a la Contraloría. Finalmente, el organismo fiscalizador confirmó que se encuentra desarrollando una investigación especial sobre la materia, cuyo informe final será publicado en www.contraloria.cl una vez concluido. ?fbclid=IwY2xjawMUCOFleHRuA2FlbQIxMQABHohty3O4uiv7PJVOtydfNoMXpELoTnnAnLw4CHOeH0zkpq9VH5NkF-AMZFnt_aem_eMs9f1vP4nPHpYU_2Y-PwA&tab=t.0
El hecho generó conmoción en la comunidad luego de que un incendio consumiera una vivienda, causando la muerte de su propietario, Sergio Cejas Verdugo, de 58 años. Las primeras diligencias policiales permitieron establecer la posible participación de terceros en el siniestro, lo que motivó la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso antecedentes que vincularían al imputado con el crimen, los que fueron considerados suficientes por el tribunal para imponer la prisión preventiva, dada la gravedad de los hechos y el riesgo que representaría para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, período en el que se desarrollarán diversas diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales. El imputado cumplirá la medida cautelar en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares.
enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad. De acuerdo con los antecedentes, los hechos habrían ocurrido varios años atrás, cuando la víctima era menor de edad. La denuncia sostiene que el acusado habría aprovechado su posición y cercanía con la víctima para cometer los actos, además de intentar disuadirla de informar lo sucedido. El caso ha generado preocupación en la comunidad local, que ha manifestado su inquietud por la ausencia de un pronunciamiento oficial desde la administración municipal. Organizaciones y vecinos solicitan que las autoridades competentes actúen con celeridad, garantizando un proceso transparente que permita esclarecer los hechos y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes. Consultado telefónicamente por este medio, el funcionario, identificado como Cristián Aguilar, indicó que no ha sido citado a declarar y que prefiere reservar sus comentarios, a la espera de que el proceso judicial permita aclarar lo ocurrido. La investigación continúa en curso y se mantiene bajo reserva para resguardar la integridad de las partes involucradas.
presentada por Eduardo Castillo contra el Hospital de Linares, tras el fallecimiento de su hija antes de nacer. Según el denunciante, su esposa ingresó al recinto asistencial la tarde del viernes con 39 semanas de embarazo, luego de que la inducción de parto, programada para el 15 de julio, fuera suspendida sin mayor explicación. El ingreso fue registrado en el sistema como nacimiento fallecida. Castillo relató que, de manera repentina y sin entregar mayores antecedentes, el hospital informó que la bebé había fallecido en el vientre materno, dejando a la familia en total incertidumbre. No nos han dado ninguna respuesta clara… estamos destrozados y exigimos saber la verdad, señaló. El Dr. René Espinosa Cantero, subdirector de Gestión Clínica del Hospital de Linares, indicó que se están adoptando las acciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. La familia ha solicitado apoyo para difundir el caso, con el objetivo de obtener justicia y transparencia sobre lo ocurrido.
que mantiene como imputado al alcalde de Linares, Mario Meza, junto a 14 personas más, entre funcionarios municipales y comerciantes locales. La diligencia, solicitada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Linares, tuvo como objetivo solicitar la ampliación del plazo de investigación, en una causa que indaga la presunta compra con sobreprecio de insumos como cloro, test COVID-19 y mascarillas, durante la pandemia. En este caso, actúa como querellante el Consejo de Defensa del Estado, y debido a su complejidad, la investigación se mantiene con carácter reservado. La audiencia es considerada clave en la preparación del eventual juicio oral, instancia en la que se podrían formalizar las imputaciones con mayor claridad. Además, no se descarta que algunos de los involucrados puedan optar por procedimientos abreviados. Esta causa ha generado alto interés público, al tratarse de una presunta malversación de fondos públicos en un contexto sanitario crítico.
El caso fue denunciado inicialmente por Paulina Álvarez Rodríguez, quien alertó sobre facturas factorizadas actualmente en cobro judicial. El municipio sostuvo que muchas de ellas se originan en órdenes de compra inexistentes, ya pagadas o con servicios genéricos que no permiten trazabilidad. Frente a esta situación, la municipalidad presentó en 2024 y 2025 denuncias y querellas ante el Ministerio Público de Linares, agrupadas en la causa penal RUC 241189363-5, que investiga eventuales delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso de documento mercantil y estafa. Asimismo, mediante el decreto exento N° 4331 (22 de agosto de 2024), se instruyó un sumario administrativo a cargo del abogado Sergio Corvalán Méndez, el cual aún permanece en etapa indagatoria. La contralora regional, Roxana Núñez, advirtió una excesiva demora en la tramitación del procedimiento disciplinario, e instruyó al municipio acelerar las diligencias para concluirlo “a la brevedad”, informando los resultados a la Contraloría. Finalmente, el organismo fiscalizador confirmó que se encuentra desarrollando una investigación especial sobre la materia, cuyo informe final será publicado en www.contraloria.cl una vez concluido. ?fbclid=IwY2xjawMUCOFleHRuA2FlbQIxMQABHohty3O4uiv7PJVOtydfNoMXpELoTnnAnLw4CHOeH0zkpq9VH5NkF-AMZFnt_aem_eMs9f1vP4nPHpYU_2Y-PwA&tab=t.0
El hecho generó conmoción en la comunidad luego de que un incendio consumiera una vivienda, causando la muerte de su propietario, Sergio Cejas Verdugo, de 58 años. Las primeras diligencias policiales permitieron establecer la posible participación de terceros en el siniestro, lo que motivó la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso antecedentes que vincularían al imputado con el crimen, los que fueron considerados suficientes por el tribunal para imponer la prisión preventiva, dada la gravedad de los hechos y el riesgo que representaría para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, período en el que se desarrollarán diversas diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales. El imputado cumplirá la medida cautelar en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares.
enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad. De acuerdo con los antecedentes, los hechos habrían ocurrido varios años atrás, cuando la víctima era menor de edad. La denuncia sostiene que el acusado habría aprovechado su posición y cercanía con la víctima para cometer los actos, además de intentar disuadirla de informar lo sucedido. El caso ha generado preocupación en la comunidad local, que ha manifestado su inquietud por la ausencia de un pronunciamiento oficial desde la administración municipal. Organizaciones y vecinos solicitan que las autoridades competentes actúen con celeridad, garantizando un proceso transparente que permita esclarecer los hechos y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes. Consultado telefónicamente por este medio, el funcionario, identificado como Cristián Aguilar, indicó que no ha sido citado a declarar y que prefiere reservar sus comentarios, a la espera de que el proceso judicial permita aclarar lo ocurrido. La investigación continúa en curso y se mantiene bajo reserva para resguardar la integridad de las partes involucradas.
presentada por Eduardo Castillo contra el Hospital de Linares, tras el fallecimiento de su hija antes de nacer. Según el denunciante, su esposa ingresó al recinto asistencial la tarde del viernes con 39 semanas de embarazo, luego de que la inducción de parto, programada para el 15 de julio, fuera suspendida sin mayor explicación. El ingreso fue registrado en el sistema como nacimiento fallecida. Castillo relató que, de manera repentina y sin entregar mayores antecedentes, el hospital informó que la bebé había fallecido en el vientre materno, dejando a la familia en total incertidumbre. No nos han dado ninguna respuesta clara… estamos destrozados y exigimos saber la verdad, señaló. El Dr. René Espinosa Cantero, subdirector de Gestión Clínica del Hospital de Linares, indicó que se están adoptando las acciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. La familia ha solicitado apoyo para difundir el caso, con el objetivo de obtener justicia y transparencia sobre lo ocurrido.
que mantiene como imputado al alcalde de Linares, Mario Meza, junto a 14 personas más, entre funcionarios municipales y comerciantes locales. La diligencia, solicitada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Linares, tuvo como objetivo solicitar la ampliación del plazo de investigación, en una causa que indaga la presunta compra con sobreprecio de insumos como cloro, test COVID-19 y mascarillas, durante la pandemia. En este caso, actúa como querellante el Consejo de Defensa del Estado, y debido a su complejidad, la investigación se mantiene con carácter reservado. La audiencia es considerada clave en la preparación del eventual juicio oral, instancia en la que se podrían formalizar las imputaciones con mayor claridad. Además, no se descarta que algunos de los involucrados puedan optar por procedimientos abreviados. Esta causa ha generado alto interés público, al tratarse de una presunta malversación de fondos públicos en un contexto sanitario crítico.
