Astorga, de 33 años y con diagnóstico de esquizofrenia, fue reducido en la vía pública por ex funcionarios policiales que se encontraban de franco. Testigos y familiares denuncian que fue inmovilizado con violencia, lo que habría derivado en su fallecimiento. De acuerdo con la autopsia del Servicio Médico Legal, la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión cervical. Los imputados, Hugo Silva Mejías y Gabriel Rojas Olave, se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde abril de 2025, formalizados por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte. La investigación sigue en curso bajo la dirección del Ministerio Público, mientras la familia de la víctima insiste en obtener justicia por lo ocurrido.
Tres imputados fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por peligro para la sociedad. Prisión preventiva fue la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de San Javier en contra de tres imputados adultos y a petición de la fiscalía local tras una investigación coordinada con Carabineros y la PDI que permitió aclarar un grave caso criminal. “Pasaron a control de detención a tres sujetos de nacionalidad chilena, los cuales fueron formalizados por el delito de secuestro, microtráfico e ingreso de aparato tecnológico a un centro de cumplimiento penitenciario», informó la fiscal (s) Paulina Salazar. La persecutora agregó que «estos hechos tienen su principio de ejecución en San Javier, lugar en el cual la víctima es privada de libertad y agredida, resultando con lesiones. Esto con el objeto de obligarla a ingresar droga y un aparato tecnológico, situación que es advertida por Gendarmería, quien, previa coordinación con Carabineros, procede a la detención de los tres imputados en las afueras del recinto penal». La fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI. El tribunal limitó en cuatro meses el plazo de la investigación de la fiscalía en cuyo contexto la defensa de los imputados tienen plazo legal para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Talca donde se puede confirmar o revocar la medida cautelar.
Las familias afectadas han manifestado su esperanza en que la justicia avance con celeridad y que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de comprobarse la responsabilidad del imputado. Este nuevo antecedente se suma a las causas previas que ya se tramitan en tribunales.
Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, el imputado agredió a la víctima, identificada como Sebastián Ávila (50 años), con un golpe en la cabeza utilizando una muleta, provocándole la muerte de manera inmediata. Tras la formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. En paralelo, los vecinos del sector reiteraron su preocupación por el estado del terreno donde ocurrió el crimen. Gracias a sus gestiones y manifestaciones, lograron agendar una reunión con la Delegación Provincial para el martes posterior a las Fiestas Patrias, con el fin de solicitar el cierre definitivo del sitio eriazo y así mejorar las condiciones de seguridad del barrio.
En su fallo, el tribunal de alzada sostuvo que no existen antecedentes nuevos que justifiquen una modificación de la medida cautelar, y que además el imputado incumplió disposiciones legales al hostigar a la víctima concurriendo a su lugar de trabajo.La resolución también señala que la inscripción del imputado como candidato al parlamento no constituye un fundamento válido para alterar la medida cautelar. Por el contrario, se estimó que una flexibilización podría afectar los derechos y la seguridad de la víctima, además de poner en riesgo el éxito de la investigación.De este modo, la Corte determinó mantener el arresto domiciliario total decretado previamente, en el marco de la causa RIT 1-3424-2021 del Juzgado de Garantía de Talca
Astorga, de 33 años y con diagnóstico de esquizofrenia, fue reducido en la vía pública por ex funcionarios policiales que se encontraban de franco. Testigos y familiares denuncian que fue inmovilizado con violencia, lo que habría derivado en su fallecimiento. De acuerdo con la autopsia del Servicio Médico Legal, la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión cervical. Los imputados, Hugo Silva Mejías y Gabriel Rojas Olave, se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde abril de 2025, formalizados por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte. La investigación sigue en curso bajo la dirección del Ministerio Público, mientras la familia de la víctima insiste en obtener justicia por lo ocurrido.
Tres imputados fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por peligro para la sociedad. Prisión preventiva fue la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de San Javier en contra de tres imputados adultos y a petición de la fiscalía local tras una investigación coordinada con Carabineros y la PDI que permitió aclarar un grave caso criminal. “Pasaron a control de detención a tres sujetos de nacionalidad chilena, los cuales fueron formalizados por el delito de secuestro, microtráfico e ingreso de aparato tecnológico a un centro de cumplimiento penitenciario», informó la fiscal (s) Paulina Salazar. La persecutora agregó que «estos hechos tienen su principio de ejecución en San Javier, lugar en el cual la víctima es privada de libertad y agredida, resultando con lesiones. Esto con el objeto de obligarla a ingresar droga y un aparato tecnológico, situación que es advertida por Gendarmería, quien, previa coordinación con Carabineros, procede a la detención de los tres imputados en las afueras del recinto penal». La fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI. El tribunal limitó en cuatro meses el plazo de la investigación de la fiscalía en cuyo contexto la defensa de los imputados tienen plazo legal para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Talca donde se puede confirmar o revocar la medida cautelar.
Las familias afectadas han manifestado su esperanza en que la justicia avance con celeridad y que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de comprobarse la responsabilidad del imputado. Este nuevo antecedente se suma a las causas previas que ya se tramitan en tribunales.
Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, el imputado agredió a la víctima, identificada como Sebastián Ávila (50 años), con un golpe en la cabeza utilizando una muleta, provocándole la muerte de manera inmediata. Tras la formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. En paralelo, los vecinos del sector reiteraron su preocupación por el estado del terreno donde ocurrió el crimen. Gracias a sus gestiones y manifestaciones, lograron agendar una reunión con la Delegación Provincial para el martes posterior a las Fiestas Patrias, con el fin de solicitar el cierre definitivo del sitio eriazo y así mejorar las condiciones de seguridad del barrio.
En su fallo, el tribunal de alzada sostuvo que no existen antecedentes nuevos que justifiquen una modificación de la medida cautelar, y que además el imputado incumplió disposiciones legales al hostigar a la víctima concurriendo a su lugar de trabajo.La resolución también señala que la inscripción del imputado como candidato al parlamento no constituye un fundamento válido para alterar la medida cautelar. Por el contrario, se estimó que una flexibilización podría afectar los derechos y la seguridad de la víctima, además de poner en riesgo el éxito de la investigación.De este modo, la Corte determinó mantener el arresto domiciliario total decretado previamente, en el marco de la causa RIT 1-3424-2021 del Juzgado de Garantía de Talca
